Tras un largo e intenso debate que se prolongó por varios años, la Asamblea Nacional de Francia ha dado luz verde definitiva a la legislación que regula la eutanasia y el suicidio asistido en el país. El texto normativo, que establece el derecho a la denominada "ayuda a morir", salió adelante en tercera lectura con una votación de 291 sufragios a favor y 241 en contra.
La nueva ley, promovida como una de las reformas sociales clave del gobierno del presidente Emmanuel Macron, ampara este procedimiento bajo condiciones estrictas: los solicitantes deben ser mayores de edad, poseer la nacionalidad francesa o residencia legal, y sufrir una patología grave, irreversible y en fase terminal que les cause padecimientos físicos o psicológicos intolerables. El marco legal excluye los casos de sufrimiento psicológico que no estén ligados a una patología física grave subyacente.
Asimismo, se establece un protocolo médico en el cual un profesional de la salud deberá responder a la solicitud en un plazo de 15 días. De ser aprobada, el paciente dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de dos días para ratificar su decisión. En aquellos casos en que el enfermo esté físicamente incapacitado para administrarse la sustancia letal por sí mismo, un médico o enfermero podrá realizar el procedimiento.
Reacciones y oposición de la Iglesia
La aprobación de esta legislación ha generado una profunda preocupación en las instituciones religiosas y en los movimientos de defensa de la vida. Desde el ámbito católico, se ha denunciado que esta medida representa una "grave ruptura" ética con respecto al cuidado y el valor de la vida humana en sus etapas de mayor vulnerabilidad, advirtiendo sobre el riesgo de desprotección que podrían sufrir los enfermos más pobres, ancianos o personas con discapacidad.
A pesar de haber concluido su trámite parlamentario, la entrada en vigor de la ley está pendiente del examen del Consejo Constitucional, órgano ante el cual el Ejecutivo y sectores de la oposición conservadora presentarán recursos para evaluar la constitucionalidad de la norma, especialmente en lo relativo a los tiempos de reflexión médica y las garantías éticas del proceso.
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