Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La noche del 8 de agosto de 1955, Manuel de Jesús Hernández Santana, conocido como Pipí Hernández, fue asesinado a puñaladas en El Vedado, La Habana. Había encontrado refugio fuera de su patria, pero el exilio no bastó para protegerlo de la persecución. Su muerte forma parte de la historia del terror trujillista que atravesó las fronteras dominicanas.
En mi libro Sangre en el Barrio del Jefe reuní correspondencia diplomática y documentación judicial que permiten examinar ese crimen. La pregunta pendiente alcanza a quienes hicieron posible el asesinato: quiénes lo dispusieron, quiénes facilitaron sus preparativos y quiénes conocieron lo que estaba ocurriendo.
La sentencia número 350, correspondiente a la causa 1224/55 de la Sección Cuarta, reproducida en mi obra a través del texto de Noel Henríquez, describe un asesinato cometido mediante precio, con alevosía y premeditación. Rafael Emilio Soler Puig, Adán Céspedes Céspedes y Alejandro Robinson Done, conocido por «Kem», fueron condenados a treinta años de reclusión cada uno.
El fallo explica un antecedente decisivo. Pipí había descubierto que un oficial de la Policía dominicana pretendía infiltrarse entre los exiliados, fingiendo oposición al régimen. Al advertir a sus compañeros, frustró aquella operación. Según el texto judicial reproducido, sus actuaciones disgustaron a funcionarios dominicanos radicados en La Habana, quienes decidieron darle muerte.
La agresión fue preparada. Hubo acecho, un ataque sorpresivo con un cuchillo de grandes dimensiones y un automóvil para facilitar la fuga. La elección de la noche figuró también entre las circunstancias agravantes.
El texto de Noel Henríquez señala, además, que Adán Céspedes confesó que el dinero para realizar el crimen había sido entregado en la Embajada Dominicana. Mi libro recoge asimismo la declaración atribuida al jefe de la Policía cubana, Rafael Salas Cañizares, en agosto de 1956, sobre ese pago en la sede diplomática.
Esta documentación obliga a investigar las responsabilidades dentro de la representación dominicana. Una embajada existe para representar al Estado y proteger intereses legítimos. Cuando aparecen señalamientos de que sirvió para financiar un asesinato, la investigación debe identificar a las personas que intervinieron, sus decisiones y el alcance de su conocimiento.
A ese examen contribuye La telaraña cubana de Trujillo, de Eliades Acosta Matos, publicada por el Archivo General de la Nación. En el tomo II, páginas 182–183, Acosta documenta que Julio Vega Batlle debía actualizar información sobre doce opositores: Pipí figuraba segundo. Reproduce también una comunicación cifrada de Espaillat al embajador, anterior al asesinato. La interpretación de sus expresiones encubiertas debe distinguirse del contenido literal de la carta.
En la página 233, Acosta registra otra conexión: en 1956, la esposa de Soler Puig llevó a la embajada correspondencia confidencial del preso para Trujillo, canalizada por Vicioso. Señala también que documentos del proceso fueron copiados y remitidos al dictador. Son actuaciones posteriores al crimen; no deben confundirse con una prueba automática de participación previa de cada funcionario.
Precisamente por eso, la historia debe establecer con rigor qué hizo cada cual. La responsabilidad penal, la responsabilidad política y la responsabilidad moral requieren distinguir conductas y grados de participación. Ordenar, pagar, facilitar, encubrir o callar con conocimiento son actuaciones diferentes. Ninguna debe atribuirse sin fundamento; ninguna debe quedar excluida del examen por deferencia hacia un cargo o un apellido.
La correspondencia de Julio Vega Batlle merece ser confrontada con el expediente judicial cubano, los testimonios sobre el dinero y las instrucciones procedentes de Ciudad Trujillo. Tampoco debe confundirse la actuación de ese embajador con la de los funcionarios que lo sucedieron. Las fechas, los nombres y las competencias importan.
La responsabilidad es personal: no se transmite a los descendientes. Pero el parentesco tampoco puede convertirse en motivo para omitir documentos o eludir preguntas sobre quienes ejercieron funciones públicas.
Pipí Hernández merece ocupar su lugar en nuestra memoria histórica. Recordarlo exige reconstruir el mecanismo que permitió su asesinato y examinar las instituciones utilizadas para perseguirlo.
La condena de los ejecutores no agota esa tarea. Mientras queden decisiones sin esclarecer y documentos sin confrontar, persistirá una responsabilidad moral que la historia debe aclarar aún.
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