José Manuel Jerez
En la vida pública existe una diferencia que no siempre resulta visible durante una campaña electoral: una cosa es aspirar a gobernar y otra concebir el ejercicio del poder como una responsabilidad que debe prolongarse, mediante instituciones y generaciones sucesivas, más allá del gobernante. La primera pertenece a la dinámica ordinaria de la competencia democrática; la segunda introduce la perspectiva histórica que suele asociarse con la figura del hombre de Estado. Ambas dimensiones pueden encontrarse en un mismo liderazgo, pero no son equivalentes. La conquista del poder es un acontecimiento; la construcción de una obra duradera es un proceso.
Durante una actividad de la Fuerza del Pueblo celebrada en Santiago el primero de noviembre de 2026, el expresidente Leonel Fernández describió su responsabilidad política con una secuencia particularmente reveladora: “mi papel es lograr ese triunfo, trazar la visión y pasar la antorcha a una nueva generación de líderes”. La declaración, recogida por diversos medios, no se limita a una consigna electoral. Reúne tres verbos que merecen ser examinados en su orden y en su relación: ganar, orientar y transmitir. El primero corresponde a la legitimación democrática; el segundo, a la dirección estratégica; el tercero, a la continuidad de una organización más allá de la persona que la conduce.
Conviene comenzar por una precisión: el político y el estadista no son especies humanas diferentes, ni la actividad partidaria constituye una categoría inferior. Sin partidos, deliberación, alianzas y competencia no existe democracia representativa funcional. La diferencia aparece cuando se pregunta para qué se quiere ganar. La victoria proporciona autoridad temporal para gobernar, pero no confiere por sí sola una concepción del país, ni reemplaza la obligación de justificar las decisiones ante los ciudadanos. La sensibilidad de Estado comienza allí donde el resultado de las urnas deja de considerarse un destino y pasa a entenderse como un mandato condicionado por la Constitución y el interés general.
De los tres propósitos enunciados por Fernández, acaso el de mayor densidad conceptual sea “trazar la visión”. Administrar la coyuntura es indispensable, pero gobernar también supone reconocer tendencias que desbordan un período presidencial: la transformación tecnológica, los desafíos educativos, la productividad, la seguridad jurídica, la sostenibilidad fiscal, la desigualdad social y la inserción internacional de la República Dominicana. Una visión de Estado no consiste en acumular promesas, sino en establecer prioridades compatibles entre sí, prever sus costos, ordenar los medios y construir capacidades públicas para que los objetivos sobrevivan a los cambios de administración.
En una entrevista con Regente Podcast, difundida el cuatro de noviembre, el expresidente desarrolló esa mirada de largo alcance al referirse a un ciclo político que, en sus palabras, “se inicia en el 28 y que se extenderá por 30 años”. Explicó su interpretación de la historia dominicana a partir de períodos prolongados de predominio político y vinculó el próximo horizonte con nuevos liderazgos, entre ellos Omar Fernández y Erika Infante. Es una hipótesis de periodización y un proyecto político, no una ley científica ni una garantía anticipada del comportamiento electoral. Precisamente por ello interesa menos como predicción que como indicio de la escala temporal en la que su autor pretende situar la discusión.
La historia, desde luego, no avanza mediante relojes de treinta años. Las etapas dominicanas que Fernández evoca presentan diferencias profundas: no son equiparables una dictadura, un período de predominio partidario y la alternancia propia del régimen democrático. Reconocer esa diversidad no destruye el argumento central de su planteamiento, sino que lo obliga a ganar precisión. Si se habla de un nuevo ciclo, habrá que demostrar en qué consistiría su novedad: qué instituciones fortalecería, qué desigualdades buscaría corregir, qué consensos construiría y cuáles libertades protegería. Un horizonte histórico tiene valor político cuando se convierte en una agenda verificable, no cuando descansa únicamente en la fuerza de una metáfora.
La reflexión conduce a la ética de la responsabilidad formulada por Max Weber en La política como vocación. Para el pensador alemán, la acción política exige convicciones, pero también atención a los efectos previsibles de las decisiones y disposición a responder por ellos. Esa exigencia resulta especialmente pertinente cuando un dirigente piensa en el porvenir de su partido y de su país. Proyectar una obra más allá del siguiente proceso electoral requiere prudencia institucional, sentido de las proporciones y conciencia de que las decisiones públicas producen consecuencias sobre personas que no participaron en su adopción y sobre generaciones que todavía no votan.
El itinerario de Leonel Fernández permite colocar esa discusión en un terreno que rebasa el discurso. Ejerció la Presidencia de la República entre 1996 y 2000 y, nuevamente, entre 2004 y 2012. Durante esos períodos se impulsaron políticas de modernización económica, obras de infraestructura y transformaciones del aparato público. La Constitución proclamada en 2010 incorporó una arquitectura renovada del Estado social y democrático de derecho y previó, entre otras instituciones, el Tribunal Constitucional. Son hechos relevantes para cualquier examen histórico de sus gobiernos, aunque los resultados y las responsabilidades de una gestión pública nunca deben atribuirse de manera exclusiva a una sola persona.
Ese balance exige, igualmente, no convertir la historia en un ejercicio de adhesión. Las administraciones de Fernández han suscitado debates sobre prioridades del gasto, desigualdad, calidad institucional, transparencia y rendición de cuentas. Una evaluación intelectualmente seria no debe eludirlos. La noción de hombre de Estado perdería su significado si sirviera como dispensa frente al escrutinio. Al contrario: cuanto mayor sea la proyección histórica que se atribuya a un liderazgo, mayor será la obligación de confrontar sus realizaciones con sus límites, los beneficios con los costos y las aspiraciones con los resultados comprobables.
La perspectiva constitucional establece un criterio todavía más severo. Ningún proyecto partidario, por legítimo que sea, puede confundirse con la nación; ninguna mayoría puede apropiarse de las instituciones; ningún dirigente puede situar su voluntad por encima de las reglas comunes. La continuidad verdaderamente valiosa no es la permanencia indefinida de una fuerza política en el gobierno, sino la consolidación de un orden jurídico que permita gobernar, controlar, disentir y alternar pacíficamente. La obra institucional de una generación se acredita, en buena medida, cuando conserva su utilidad incluso bajo autoridades distintas de aquellas que la promovieron.
La expresión “pasar la antorcha” introduce, a su vez, una cuestión que afecta a todos los partidos personalistas: cómo transformar el ascendiente de un fundador o conductor en capacidades compartidas. El relevo no se reduce a identificar rostros jóvenes, porque la renovación política no es meramente biológica. Requiere formación doctrinal, solvencia técnica, autonomía de criterio, experiencia de gestión y mecanismos democráticos para seleccionar responsabilidades. Tampoco equivale a una designación sucesoria predeterminada: la legitimidad de las nuevas dirigencias habrá de construirse mediante méritos, procedimientos internos y reconocimiento ciudadano.
En ese punto aparece una paradoja característica de los liderazgos prolongados. Su mayor fortaleza —la capacidad personal de cohesionar una organización— puede convertirse en debilidad si no produce instituciones capaces de actuar con independencia. Preparar el relevo significa aceptar que la continuidad de las ideas no exige la reproducción indefinida de quien las formuló. La autoridad histórica alcanza una expresión más fecunda cuando forma dirigentes capaces de discrepar responsablemente, renovar programas y corregir errores sin destruir la identidad colectiva. La antorcha no debe transmitir obediencia: debe transmitir responsabilidad.
El alcance de ese razonamiento excede a la Fuerza del Pueblo. La democracia dominicana necesita partidos que no funcionen exclusivamente como maquinarias electorales, sino también como espacios de elaboración intelectual, capacitación, mediación social y producción de políticas públicas. Un ciclo político digno de ese nombre tendría que ampliar las oportunidades de participación y fortalecer el Estado, no simplemente prolongar la influencia de una élite. En consecuencia, la promesa de una nueva generación deberá medirse por su capacidad para abrir el debate, ampliar el talento disponible y preservar la autonomía de las instituciones frente a los intereses coyunturales.
Las palabras de Fernández permiten, por tanto, examinar una concepción del liderazgo que aspira a desbordar el calendario electoral. Sus tres momentos —victoria, visión y relevo— constituyen una arquitectura coherente como intención política. Falta siempre el examen decisivo de toda arquitectura pública: su traducción en compromisos concretos, instituciones estables y resultados sujetos a control democrático. No corresponde confundir una declaración de propósito con una obra consumada; tampoco sería razonable ignorar la diferencia entre un discurso concentrado en el próximo cargo y otro que incorpora explícitamente la responsabilidad de preparar a quienes habrán de suceder al dirigente.
Al final, la cuestión del hombre de Estado no se resuelve por aclamación ni por la sola acumulación de triunfos. Se examina en la capacidad de comprender el tiempo histórico, respetar los límites constitucionales, asumir las consecuencias del poder y hacer posible que otros continúen una obra sin depender de la voluntad de su iniciador. Bajo esa exigente perspectiva debe leerse la declaración de Leonel Fernández: como una invitación a juzgar el liderazgo no solamente por lo que pretende conquistar en 2028, sino por lo que sea capaz de legar cuando llegue el momento del relevo. El político piensa en la próxima elección; la visión de Estado se prueba en aquello que puede permanecer después de ella.

