Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
José Almoina cayó en una calle de Ciudad de México la mañana del 4 de mayo de 1960 como caen los hombres cuya condena ha sido pronunciada mucho antes del primer disparo.
Primero vino el automóvil que, según las reconstrucciones históricas más difundidas, lo embistió deliberadamente.
Después descendieron los pistoleros.
Luego el hospital.
Finalmente, aquellas palabras que la memoria histórica conservó durante décadas como acusación postrera: “Fue Trujillo.”
Puede discutirse la literalidad exacta de esa frase repetida por distintas versiones.
Lo que resulta mucho más difícil discutir es el contexto histórico que la hace plausible.
José Almoina no era un enemigo cualquiera.
Era uno de los hombres más peligrosos para Rafael Leónidas Trujillo precisamente porque había estado demasiado cerca del poder.
Intelectual español, refugiado de la Guerra Civil, profesor, escritor, funcionario y hombre de letras, Almoina no observó al trujillismo desde afuera.
Lo conoció desde dentro.
Fue colaborador del régimen y llegó incluso a desempeñarse como preceptor de Ramfis Trujillo, hijo del dictador.
Mientras guardó silencio, fue útil.
Cuando comenzó a escribir, se convirtió en una amenaza.
Ese fue su verdadero crimen.
Primero apareció Una satrapía en el Caribe, firmada bajo el seudónimo Gregorio R. Bustamante, un texto devastador que describía desde dentro la estructura moral y política del sistema trujillista.
Luego, tratando de simular, publicó Yo fui secretario de Trujillo, obra favorable al régimen con su propio nombre.
Seis años antes del secuestro y muerte de Jesús de Galíndez se conocieron estos libros.
Y ahí quedó sentenciado.
Las dictaduras suelen tolerar mejor al enemigo externo que al antiguo colaborador convertido en acusador público.
El opositor lejano denuncia.
El hombre que estuvo dentro revela.
Y revelar era, para Trujillo, una forma particularmente peligrosa de combate.
Almoina no criticaba simplemente un gobierno.
Describía un mecanismo de poder.
Desnudaba una estructura de control político, miedo y corrupción.
Convertía la experiencia íntima del régimen en testimonio público.
Para Trujillo, aquello era intolerable.
Y existía un precedente inequívoco.
En marzo de 1956, Jesús de Galíndez —intelectual vasco exiliado y autor de una tesis demoledora sobre Trujillo— fue secuestrado en Nueva York en una operación clandestina internacional que terminó también con la muerte del piloto estadounidense Gerald Lester Murphy a finales del mismo año.
Ese episodio demostró que el régimen dominicano poseía capacidad real para perseguir enemigos fuera de sus fronteras.
No era paranoia.
Era historia documentada.
Pero ese secuestro condujo al asesinato de Octavio de la Maza y a una cadena de acontecimientos que desembocarían en la eliminación del propio Trujillo la noche del 30 de mayo de 1961.
El caso Almoina encajó, más o menos, dentro del mismo patrón que se llevó a Galíndez y a Manuel de Jesús Hernández Santana (Pipí Hernández) en La Habana, Cuba, el 8 de agosto de 1955.
Pero el contexto mexicano añade elementos particularmente reveladores.
México era entonces un territorio estratégico.
Allí convivían exiliados dominicanos, refugiados españoles, activistas latinoamericanos, opositores caribeños y operadores políticos vinculados a la nueva realidad hemisférica creada por la Revolución Cubana.
Y sabemos documentalmente que el régimen vigilaba ese escenario.
La carta a Johnny Abbes
Existe una carta fechada en Ciudad de México el 4 de agosto de 1959, firmada por Osvaldo E. Díaz Fernández, desde la Embajada Dominicana, dirigida directamente al teniente coronel Johnny Abbes García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar.
Ese documento resulta revelador.
No se trata de correspondencia protocolar dirigida a Cancillería.
No es comunicación diplomática ordinaria.
Es un reporte de inteligencia política.
Allí se consignan movimientos de exiliados, rumores sobre expediciones armadas, actividades vinculadas a Cuba, redes políticas hostiles y movimientos de refugiados españoles.
En otras palabras: vigilancia política extraterritorial.
Ese solo documento demuestra que la embajada dominicana en México no actuaba exclusivamente como representación diplomática tradicional.
Funcionaba también, al menos en parte, como extensión operativa del aparato de inteligencia trujillista.
Y eso importa porque José Almoina fue asesinado precisamente en esa ciudad menos de un año después.
Otro hecho histórico comprobable añade contexto.
Un Decreto y Alegatos
El Decreto No. 4806 de mayo de 1959 nombró a Rafael Molina Morillo Secretario de Primera Clase de la Embajada Dominicana en México.
Volvía a Mexico después de ir de Mexico a Panama. Fue enviado al servicio exterior después que Trujilló lo gratificó en 1954.
Ese dato es histórico.
También está lo que, según versiones testimoniales posteriormente divulgadas por Luis Pin Montás y presentadas por Revista 110, Molina Morillo conocía personalmente a José Almoina desde años anteriores y habría vuelto a México porque lo conocía.
Ese elemento ha alimentado interpretaciones posteriores sobre posibles accesos indirectos a información relacionada con hábitos o movimientos de Almoina.
Pero debe decirse con rigor: no existe documentación pública concluyente que permita atribuir a Molina Morillo participación operativa específica en el atentado.
Ni han aparecido documentos firmados sobre informes de él sobre Almoina.
Lo históricamente relevante no es una acusación individual no probada.
Lo relevante es el contexto estructural.
Y ese contexto resulta inquietante.
Un antiguo colaborador del régimen, José Almoina, convertido en acusador público de Trujillo.
Un aparato internacional de inteligencia dirigido por Johnny Abbes.
Una embajada dominicana en México que intercambiaba reportes directos con el jefe represivo del régimen.
Un dictador con historial probado de persecución extraterritorial.
Y una víctima que sabía demasiado.
El propio asesinato revela planificación.
No fue una discusión callejera.
No fue un acto espontáneo.
Fue una operación ejecutada con método.
Y el momento político explica la urgencia.
En 1960, Trujillo enfrentaba uno de los períodos más peligrosos de su larga dictadura.
La Revolución Cubana había alterado el equilibrio del Caribe.
Los exiliados dominicanos intensificaban sus actividades.
El caso Galíndez seguía pesando sobre la imagen internacional del régimen.
Washington comenzaba a percibir a Trujillo más como problema hemisférico que como aliado útil.
En ese contexto, José Almoina no era solo un crítico.
Era un testigo.
Y un testigo que escribía.
Podía seguir escribiendo.
Podía seguir revelando.
Las dictaduras no temen únicamente las armas.
Temen también la memoria.
Temen al testigo informado.
Temen al antiguo hombre del sistema que decide hablar.
Por eso la hipótesis histórica de que Trujillo ordenó eliminar a José Almoina no parece una especulación extravagante.
Parece, más bien, la explicación políticamente más coherente con el funcionamiento real del trujillismo.
Porque el régimen no se limitaba a gobernar.
También perseguía.
Y cuando lo consideraba necesario, cazaba.
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