Santo Domingo. – A pesar de que la transformación de la Policía Nacional ha sido uno de los pilares centrales de la agenda gubernamental, el proceso legislativo para dotar a la institución de un nuevo marco normativo se encuentra en un punto crítico. La propuesta de ley, diseñada para sustituir la actual Ley 590-16, enfrenta un escenario donde la falta de consenso político y la carga de trabajo en el Senado amenazan con dejar la reforma como una de las promesas incumplidas más significativas de la presente legislatura.
El reloj legislativo y el riesgo de perención.
La Constitución establece que los proyectos de ley tienen una vigencia de dos legislaturas. De no ser aprobada antes del 26 de julio de 2026, la pieza legislativa perimiría automáticamente, obligando a reiniciar el proceso desde cero. Sectores de la oposición y figuras como el diputado Héctor Ramírez han deplorado la lentitud del proceso, señalando que, aunque diversas organizaciones entregaron propuestas de levantamiento hace tiempo, la burocracia estatal no ha logrado traducir estas demandas en una aprobación efectiva.
Puntos de discordia y avances parciales.
Aunque el Senado recientemente aprobó en primera lectura modificaciones que incluyen límites estrictos al uso de la fuerza y la prohibición de registros basados en prejuicios raciales o de apariencia, el camino hacia una transformación integral sigue lleno de escollos. Los principales obstáculos señalados por los legisladores incluyen:
Complejidad técnica: Un proyecto de ley compuesto por más de 300 artículos que requiere armonización con el nuevo Código Penal.
Solicitudes de cambio: Modificaciones constantes solicitadas por el Ministerio de Interior y Policía que han ralentizado la revisión en la comisión especial.
Carga institucional: La acumulación de tareas en las distintas comisiones senatoriales ha impedido dedicar el tiempo exclusivo que requiere la pieza.
La brecha entre la reforma estructural y la realidad en las calles.
Más allá de las discusiones en el Congreso, la ciudadanía mantiene un fuerte escepticismo. Voces críticas sostienen que la institución sigue inspirando "miedo, no respeto" y denuncian que la falta de un control interno efectivo y el incumplimiento de protocolos básicos continúan derivando en abusos inaceptables. Mientras el Gobierno defiende los avances en formación, infraestructura de destacamentos y monitoreo de criminalidad, la persistencia de casos de abuso policial mantiene el debate sobre la verdadera profundidad de la reforma en el centro de la atención pública.
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