Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La seguridad y la defensa, la instrucción pública y la educación, la salud pública y la higiene colectiva deben ser dirigidas por el Estado. Son responsabilidades esenciales de una sociedad organizada, demasiado importantes para quedar subordinadas a la capacidad de pago de cada familia o a la rentabilidad de una empresa.
El principio es sencillo: la vida, la formación y la protección de los ciudadanos constituyen el fundamento de la convivencia nacional. Un Estado que abandona esas obligaciones pierde su razón de ser, aunque conserve ministerios, recaude impuestos y celebre elecciones.
Podemos discutir el tamaño de la administración, la organización de los servicios y las formas de participación privada. Lo que no debemos aceptar es que el poder público se desentienda del resultado. Cuando una persona queda sin protección, un niño sin enseñanza o un enfermo sin atención, no basta con señalar que existe una empresa encargada del servicio. La responsabilidad política permanece.
La seguridad y la defensa expresan esta obligación de manera evidente. La protección del territorio, la soberanía y la tranquilidad de la población deben responder al interés nacional. Ninguna comunidad debería depender exclusivamente de lo que pueda pagar por una vigilancia particular para vivir sin miedo.
La existencia de servicios privados de seguridad no puede justificar el abandono de las calles, los campos y los barrios. La familia que carece de recursos para contratar un guardián merece la misma protección que quien puede pagar varios.
Esa dirección estatal exige instituciones profesionales, sometidas a la ley y al control civil. Las armas de la República deben proteger a la población y a las instituciones, sin convertirse en instrumento de un partido, de un grupo económico o de la voluntad personal de un gobernante. Autoridad pública significa también responsabilidad por sus abusos.
La instrucción pública y la educación requieren una convicción igualmente firme. Un país no puede organizar su porvenir dejando que la calidad de la enseñanza dependa del ingreso de los padres. El talento de un niño pobre tiene el mismo valor humano que el de un niño nacido en una familia acomodada. A ambos se les debe ofrecer la posibilidad real de desarrollarlo.
La escuela pública debe ser una institución respetada, donde se aprenda a leer, escribir, razonar, conocer la historia, comprender la ciencia y asumir responsabilidades. Debe formar personas capaces de trabajar y ciudadanos capaces de juzgar por sí mismos.
Para ello se necesitan maestros bien preparados y justamente remunerados, aulas dignas, materiales adecuados y una administración que acompañe la enseñanza. La construcción de un edificio escolar, por necesaria que sea, no agota la tarea educativa. Lo decisivo ocurre dentro de sus aulas.
Dirigir la educación tampoco autoriza al gobierno a imponer una obediencia intelectual. El Estado debe garantizar calidad, acceso y libertad de conciencia. La familia tiene un papel fundamental, y las instituciones privadas y religiosas pueden contribuir a la formación. Esa pluralidad debe convivir con una escuela pública suficientemente buena para que asistir a ella sea motivo de confianza.
En la salud pública, el principio adquiere una urgencia inmediata. La enfermedad no espera a que una familia reúna dinero ni se detiene ante un trámite administrativo. Una sociedad debe organizar sus servicios para que la necesidad de atención encuentre una respuesta oportuna y digna.
El Estado debe asegurar una red de atención capaz de prevenir enfermedades, atender emergencias, ofrecer tratamientos y acompañar al paciente. Médicos, enfermeras, técnicos y demás trabajadores necesitan condiciones que les permitan ejercer con competencia y humanidad.
Los hospitales privados, los consultorios y los seguros pueden tener su espacio. Pero la organización general del sistema debe responder a las necesidades de la población. El beneficio empresarial no puede convertirse en la medida del valor de una vida.
La higiene colectiva amplía todavía más esta responsabilidad. El agua potable, el saneamiento, la recogida de basura, la vigilancia sanitaria de los alimentos y el cuidado de los espacios comunes forman parte de la protección de la salud. Son tareas que exigen continuidad, coordinación y presencia pública en todo el territorio.
Un hogar puede mantener limpia su vivienda y seguir expuesto a aguas contaminadas o desperdicios acumulados en su entorno. Por eso la salud no se resuelve exclusivamente mediante decisiones individuales. Hay condiciones de vida que debemos garantizar colectivamente.
Ahora bien, defender la dirección estatal obliga a exigir una administración competente. La palabra público no convierte automáticamente un servicio en bueno. La negligencia, el clientelismo y la corrupción destruyen precisamente aquello que el Estado tiene el deber de proteger.
Cada recurso desperdiciado en estos sectores representa una necesidad desatendida. Deben existir presupuestos transparentes, compras fiscalizadas, nombramientos por capacidad y mecanismos efectivos para corregir fallas. Los ciudadanos necesitan saber quién responde cuando una institución incumple.
También debemos distinguir entre Estado y gobierno. Estas responsabilidades pertenecen a la comunidad nacional y requieren continuidad más allá de cada período electoral. Un cambio de autoridades no debería deshacer programas útiles, desplazar profesionales capaces o convertir escuelas y hospitales en territorios de reparto partidario.
La discusión sobre estas funciones esenciales merece superar las etiquetas utilizadas para cerrar cualquier debate. Defender una escuela pública de calidad, un hospital accesible y una policía profesional constituye una exigencia de civilización.
La iniciativa privada puede crear riqueza, aportar conocimientos y prestar servicios. Al Estado le corresponde asegurar que la protección, la educación y la atención sanitaria alcancen también a quienes no representan un negocio rentable.
Seguridad y defensa; instrucción pública y educación; salud pública e higiene colectiva: en esos campos, el Estado debe dirigir, garantizar y rendir cuentas.
La medida de su éxito debe encontrarse en la vida cotidiana: en la tranquilidad de una familia, en lo que aprende un niño, en la atención que recibe un enfermo y en la dignidad con que puede vivir cada ciudadano.
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