Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
En marzo de 2014 apareció publicado un artículo mio titulado “Intento de Golpe de Estado a la Constitución”.
A primera vista parecía un texto histórico más dentro del intenso debate nacional que produjo la Sentencia 168-13 y las discusiones alrededor de la Constitución dominicana de 2010.
Sin embargo, detrás de aquellas líneas existía una dimensión política y diplomática mucho más profunda que muchos lectores quizás no percibieron completamente en aquel momento.
La República Dominicana atravesaba entonces uno de los períodos de mayor presión internacional desde los años posteriores a la Guerra Fría.
La discusión sobre la nacionalidad, la soberanía constitucional, la inmigración haitiana y la interpretación de los derechos humanos había colocado al país bajo la observación de organismos internacionales, medios extranjeros, gobiernos y grupos de presión ideológica.
El escenario recordaba, para quienes vivieron las décadas de 1960 y 1970, otros momentos históricos donde los poderes externos trataban de influir decisivamente en el rumbo político dominicano.
En ese contexto llegó a Santo Domingo el embajador de los Estados Unidos James Wally Brewster Jr., nombrado por el presidente Barack Obama.
Su figura tuvo desde el principio una enorme exposición mediática.
No solamente representaba a Washington en un momento delicado de las relaciones internacionales, sino que además simbolizaba el avance de una nueva agenda cultural y política impulsada desde importantes centros de poder occidentales.
En enero de 2014 se produjo una reunión de un grupo que posteriormente difundió públicamente en la web la idea de que la Constitución de la República Dominicana no era realmente laica.
Aquella afirmación, aparentemente académica o doctrinal, fue interpretada por muchos sectores nacionales como parte de un proceso más amplio destinado a cuestionar los fundamentos culturales, históricos y jurídicos sobre los cuales descansaba el Estado dominicano.
El artículo publicado en marzo de ese año constituyó una respuesta indirecta a aquel ambiente político y diplomático.
No mencionaba nombres específicos. No atacaba personalmente a nadie. Pero sí utilizaba deliberadamente un lenguaje histórico cargado de memoria nacional.
No era casual que el texto comenzara evocando los traumas sufridos entre 1961 y 1965: asesinatos, represiones, golpes de Estado, invasión extranjera, persecuciones políticas y atropellos contra jóvenes dominicanos.
Tampoco era casual la referencia directa al golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch.
Para una generación marcada por aquellos acontecimientos, la defensa de la Constitución no era simplemente un problema jurídico.
Era una cuestión vinculada a la soberanía nacional, a la dignidad colectiva y a la memoria histórica del pueblo dominicano.
Por eso el artículo advertía sobre “poderes externos” que pretendían “mediatizar las decisiones de nuestros organismos constitucionales”. Aquellas palabras tenían un significado preciso.
El autor estaba estableciendo un paralelo entre las viejas formas de intervención extranjera del siglo XX y las nuevas formas de presión política, cultural y diplomática del siglo XXI.
Durante la Guerra Fría los golpes de Estado se ejecutaban mediante tanques, aviones militares, conspiraciones castrenses y operaciones clandestinas.
En la nueva época, las presiones podían presentarse de otra manera: campañas mediáticas internacionales, organismos multilaterales, condicionamientos diplomáticos, redefiniciones culturales y narrativas globales sobre derechos humanos.
De ahí surgía una de las frases centrales del artículo:
“No pudieron por la fuerza, y se inventaron luego otros procedimientos alucinantes y alienantes que en todas partes pretenden imponer a los pueblos para perpetuar su dominio”.
Aquella expresión resumía una visión histórica amplia.
La idea de que las grandes potencias y ciertos centros internacionales de poder habían transformado sus métodos de influencia.
Ya no siempre mediante ocupaciones militares directas, sino también mediante formas más sofisticadas de condicionamiento ideológico y cultural.
El artículo también conectaba la discusión contemporánea con la Constitución de 1963 impulsada por Juan Bosch.
Para el autor, la Constitución de 2010 representaba parcialmente una continuidad histórica de aquella tradición constitucionalista que había sido violentamente interrumpida por el golpe de Estado de 1963 y posteriormente por la intervención militar extranjera de 1965.
La evocación de Bosch no era retórica.
Era una reafirmación de la idea de que la política debía estar al servicio de la dignidad humana, de la soberanía popular y de la autodeterminación nacional.
Cuando el texto afirmaba que “a veces aparenta que el fantasma de hace 50 años resucita”, estaba sugiriendo que ciertos mecanismos de presión internacional podían terminar erosionando nuevamente las instituciones dominicanas, aunque ahora bajo formas distintas a las del pasado.
En el fondo, el artículo planteaba una tesis inquietante: los golpes de Estado modernos ya no necesariamente destruyen constituciones utilizando fusiles. También pueden intentar vaciarlas gradualmente mediante reinterpretaciones políticas, culturales o internacionales que desplacen la voluntad soberana de los pueblos.
Esa preocupación explicaba la frase final del texto: “Valga este recordatorio para aquellos que hoy pretenden dar un nuevo Golpe de Estado, de otro tipo quizás, subvirtiendo, tratando de derrocar nuestra Constitución”.
Doce años después, el debate continúa teniendo actualidad.
No solamente en la República Dominicana, sino en numerosas sociedades occidentales donde se discuten las relaciones entre soberanía nacional, globalización, organismos internacionales, identidad cultural, religión, derechos humanos y nuevas agendas ideológicas.
La experiencia dominicana demuestra que muchas veces las tensiones más profundas de una nación no se libran únicamente en los parlamentos o en los tribunales. También se desarrollan en el terreno simbólico, cultural y diplomático.
Las generaciones que vivieron el derrocamiento de Juan Bosch, la Revolución de Abril y la intervención militar de 1965 aprendieron que la soberanía puede perderse no solamente cuando desembarcan tropas extranjeras, sino también cuando una sociedad deja de defender la legitimidad de sus propias instituciones y la memoria histórica de su pueblo.
Por eso aquel artículo de 2014 no fue solamente un comentario coyuntural sobre la Sentencia 168-13 ni una reacción indirecta al ambiente político alrededor del embajador Brewster. Fue, sobre todo, una advertencia histórica sobre las nuevas formas de poder internacional en el siglo XXI y sobre la necesidad de preservar la capacidad de los pueblos para decidir soberanamente su destino.
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