
Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
Las bandas criminales transnacionales se han convertido en una de las amenazas más graves para la soberanía, la seguridad y la estabilidad democrática de las naciones americanas.
Ya no se trata solamente de grupos dedicados al tráfico de drogas. Son organizaciones dotadas de armas de guerra, estructuras financieras, redes internacionales, control territorial y capacidad para corromper instituciones públicas, desafiar a las autoridades y aterrorizar poblaciones enteras.
Por esa razón, merece nuestro respaldo la declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Los gobiernos participantes en la iniciativa denominada Escudo de las Américas anunciaron medidas coordinadas contra 24 organizaciones criminales y narcoterroristas. La lista incluye a la Mara Salvatrucha, Barrio 18, Tren de Aragua, los principales carteles mexicanos, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC, Sendero Luminoso y poderosas bandas de Ecuador, Brasil y Haití.
Entre las organizaciones haitianas aparecen Gran Grif y Viv Ansanm, cuya violencia tiene consecuencias directas para la República Dominicana.
El derrumbe de la autoridad estatal en Haití, el control de territorios por grupos armados, el tráfico ilegal de armas, los secuestros, las extorsiones y el desplazamiento de poblaciones constituyen una amenaza que ningún Gobierno dominicano puede ignorar.
La República Dominicana hizo bien al firmar este documento. Si nuestro país asumió ese compromiso internacional, debe cumplirlo plenamente y participar con decisión en las acciones colectivas destinadas a combatir las bandas criminales.
La declaración propone congelar los bienes de los integrantes, asociados y colaboradores de esas organizaciones; establecer restricciones migratorias y de visados; perseguir penalmente a quienes les proporcionen apoyo material o logístico; compartir informaciones de inteligencia y facilitar tecnologías, entrenamiento y capacidades de seguridad.
Respaldamos esas medidas sin vacilaciones.
Las bandas criminales aprovechan las fronteras nacionales, mientras los Estados han actuado muchas veces de manera aislada. El dinero obtenido mediante drogas, extorsiones, secuestros, tráfico de armas y trata de personas circula por los sistemas financieros internacionales. Sus dirigentes pueden residir en un país, ocultar su patrimonio en otro y ordenar asesinatos en un tercero.
Sin cooperación internacional no será posible derrotarlos.
El acuerdo contempla acudir a la Organización de Estados Americanos para solicitar la convocatoria de un órgano de consulta conforme a los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El propósito es promover y facilitar una acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas.
Esta utilización del TIAR se justifica por la naturaleza de la amenaza. Las bandas transnacionales no son simples grupos de delincuentes comunes. Algunas disponen de ejércitos privados, armamento pesado, sistemas de inteligencia, fuentes internacionales de financiamiento y dominio efectivo sobre territorios y poblaciones.
Cuando una organización criminal sustituye al Estado, controla fronteras, impone tributos, administra barrios y decide quién vive o muere, se transforma en una amenaza contra la seguridad nacional y regional.
La defensa de la soberanía exige impedir que esas organizaciones ocupen el espacio correspondiente a las instituciones legítimas. Una nación pierde soberanía cuando las bandas dominan sus puertos, aeropuertos, cárceles, barrios y fronteras.
Escudo de las Américas también comprende una dimensión económica. Propone fortalecer la cooperación, examinar las inversiones extranjeras, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y establecer regulaciones para los proveedores de infraestructuras digitales.
Esta visión es correcta porque la seguridad no se defiende únicamente con policías y soldados. También se protege garantizando que los capitales que ingresan a nuestras economías sean transparentes, verificables y ajenos al lavado de activos y al financiamiento de actividades criminales.
La República Dominicana debe asumir una participación activa. Necesitamos inteligencia moderna, control efectivo de puertos y aeropuertos, vigilancia fronteriza, cooperación financiera y mayor capacidad para identificar y confiscar los capitales procedentes del crimen organizado.
Debemos fortalecer la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, las Fuerzas Armadas y las unidades especializadas responsables de enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.
La lucha no puede concentrarse solamente en los hombres armados de los barrios. Hay que perseguir igualmente a quienes blanquean el dinero, financian cargamentos, suministran armas, protegen operaciones desde posiciones públicas o privadas y utilizan empresas aparentemente legales para ocultar capitales criminales.
También debemos reconocer que cada dólar confiscado, cada cuenta congelada, cada cargamento interceptado y cada estructura financiera desmantelada reduce la capacidad de esas organizaciones para asesinar, corromper y someter a nuestros pueblos.
Escudo de las Américas constituye una respuesta necesaria ante una amenaza común. La unión de los Estados permite compartir inteligencia, coordinar sanciones, impedir el movimiento de los delincuentes y atacar simultáneamente sus fuentes de financiamiento.
La República Dominicana no puede permanecer indiferente frente a organizaciones criminales que operan en nuestra región y que amenazan directamente nuestra seguridad. Haber firmado esta declaración representa una decisión correcta, responsable y coherente con la defensa de los intereses nacionales.
Frente a las bandas criminales, los Estados democráticos tienen el derecho y el deber de defenderse. Deben hacerlo unidos, con firmeza, determinación y todos los instrumentos que les proporcionan sus leyes y los acuerdos internacionales.
En esta lucha no puede haber ambigüedades: o se está con los Estados legítimos y las sociedades amenazadas, o se termina favoreciendo a las bandas criminales.
Santo Domingo, 22 de septiembre de 2026
