Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
Mientras en Santo Domingo discutíamos, con prudencia y sentido histórico, los límites de la inteligencia artificial en la justicia, en la ciudad china de Shenzhen ya no están discutiendo: están ejecutando.
Allí, en ese laboratorio gigantesco que el mundo conoce como el Silicon Valley chino, los tribunales han dado un salto que parece sacado de una novela del futuro.
En 2025, los jueces tramitaron un 50% más de casos que el año anterior. Cada magistrado resolvió, en promedio, 744 expedientes. No es una cifra: es un ritmo. Un vértigo.
La causa de esa aceleración tiene nombre: inteligencia artificial.
No una IA abstracta, sino una herramienta concreta, basada en modelos de lenguaje avanzados, capaz de intervenir en 85 tipos de procedimientos judiciales.
Desde la presentación de un caso hasta la preparación de documentos, pasando por la revisión de expedientes y el apoyo en audiencias. La justicia, tradicionalmente lenta, se ha vuelto veloz. Casi automática.
Sin embargo —y aquí comienza lo verdaderamente importante—, incluso en China han tenido que detenerse a decir algo que parece obvio, pero no lo es:
la inteligencia artificial no puede sustituir al juez.
Lo han escrito. Lo han subrayado. Lo han convertido en directriz oficial.
Porque saben que el riesgo no está en lo que la máquina hace, sino en lo que el ser humano deja de hacer cuando confía demasiado en ella.
Las autoridades judiciales de Shenzhen han advertido sobre peligros concretos: errores de interpretación, desviaciones del procedimiento, fuga de datos, y, sobre todo, una tentación silenciosa: trasladar la responsabilidad desde el juez hacia el algoritmo. Es decir, diluir la culpa en la máquina.
Pero hay otro problema, más profundo, casi invisible: la desigualdad.
China avanza a dos velocidades. Shenzhen puede permitirse este experimento porque concentra talento, tecnología, recursos. Pero el resto del país no necesariamente puede seguirle el paso.
Sin estándares nacionales uniformes, cada tribunal desarrolla su propio sistema. Y cuando la justicia se fragmenta tecnológicamente, deja de ser justicia para convertirse en geografía: dependiendo de dónde estés, serás juzgado de una manera distinta.
Esa es la nueva desigualdad.
No la que separa ricos y pobres, sino la que separa sistemas capaces de procesar justicia con algoritmos… de aquellos que siguen atrapados en la lentitud burocrática.
Una abogada de Beijing lo dijo con claridad meridiana: la inteligencia artificial es útil, pero no puede reemplazar la equidad ni la imparcialidad del juez. Y en el fondo, lo que está en juego no es la eficiencia, sino la esencia misma del acto de juzgar.
Porque una sentencia no es solo una conclusión lógica. Es una decisión humana. Y en esa decisión intervienen factores que ninguna máquina puede medir: la intención, la circunstancia, la historia, el matiz moral.
En Shenzhen, la justicia corre más rápido.
Pero la pregunta es otra: ¿corre en la dirección correcta?
Desde Santo Domingo hasta China, el debate comienza a dibujar un mismo mapa: el de un mundo que quiere ser más eficiente, pero corre el riesgo de volverse menos justo.
Y quizás ahí está la paradoja de nuestro tiempo.
Nunca habíamos tenido tantas herramientas para mejorar la justicia… y nunca había sido tan necesario defender lo único que no puede automatizarse:
el juicio humano.
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