Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
Los archivos, la CIA, el FBI y la historia que todavía espera una respuesta.
Desde 1976 he investigado de manera sistemática la política exterior de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, el Caribe y América Latina.
Esa labor, desarrollada durante medio siglo, ha quedado reflejada en decenas de artículos periodísticos y en varios de mis libros, entre ellos Los Estados Unidos en el Derrocamiento de Trujillo, El Diario Secreto de la Intervención Norteamericana de 1965, Golpe y Revolución, Tumbaron al Jefe y otras investigaciones elaboradas, en gran medida, sobre la base de documentos oficiales desclasificados por el propio gobierno de los Estados Unidos.
Mi método de trabajo nunca ha consistido en aceptar pasivamente las versiones oficiales ni en construir hipótesis sin fundamento documental.
Por el contrario, he procurado siempre que los archivos hablen antes que las opiniones, porque la experiencia me ha enseñado que, en la historia contemporánea, la primera versión de los hechos suele responder a necesidades políticas inmediatas, mientras que la verdad histórica comienza a emerger lentamente cuando desaparecen las urgencias del momento y empiezan a abrirse los archivos reservados.
Esa experiencia no es una simple impresión personal.
Es el resultado de cincuenta años de investigación sobre algunos de los episodios más complejos de la Guerra Fría.
Cuando inicié mis estudios sobre el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, sobre el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch y sobre la intervención militar norteamericana de 1965, buena parte de la documentación permanecía clasificada.
Con el paso de los años comenzaron a aparecer miles de memorandos, cables diplomáticos, informes de inteligencia y comunicaciones reservadas que ampliaron profundamente nuestra comprensión de aquellos acontecimientos.
Lo mismo ocurrió con el golpe de Estado contra Mohammad Mossadegh en Irán, con la operación que derrocó a Jacobo Árbenz en Guatemala, con la invasión de Bahía de Cochinos, con los intentos de eliminar a Fidel Castro, con el programa MKUltra, con COINTELPRO y con las actividades clandestinas reveladas posteriormente por el Comité Church del Senado estadounidense.
En todos esos casos, la historia terminó siendo mucho más compleja que la versión inicialmente presentada a la opinión pública.
Por eso nunca he aceptado la idea de que una comisión oficial pueda poner punto final a un gran acontecimiento histórico.
Los gobiernos necesitan cerrar expedientes. Los historiadores, en cambio, tenemos la obligación de mantener abiertas las preguntas mientras continúen apareciendo nuevas evidencias.
La historia no se escribe una sola vez. Se reescribe constantemente conforme aparecen documentos desconocidos, testimonios olvidados o archivos que durante décadas permanecieron protegidos por el secreto de Estado.
Esa convicción metodológica es la que me lleva, una vez más, a volver sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, probablemente el acontecimiento político más investigado y, al mismo tiempo, más discutido del siglo XX.
Durante más de sesenta años, la explicación oficial del asesinato de Kennedy ha descansado sobre una premisa fundamental: Lee Harvey Oswald actuó solo.
Esa fue la conclusión de la Comisión Warren en 1964 y esa ha sido, formalmente, la posición del gobierno estadounidense.
Sin embargo, el problema histórico no consiste únicamente en conocer cuál fue la conclusión de aquella comisión, sino en preguntarse con qué información contaban sus miembros y, sobre todo, con qué información no contaban.
Hoy sabemos que miles de documentos permanecieron clasificados durante décadas; sabemos que importantes archivos de la CIA y del FBI no fueron plenamente accesibles; sabemos que numerosas operaciones clandestinas de la Guerra Fría permanecían ocultas incluso para altos funcionarios del propio gobierno.
En consecuencia, resulta metodológicamente incorrecto tratar el Informe Warren sobre el magnicidio de 1963 como si fuera una verdad inmutable, ajena a las nuevas evidencias que han ido apareciendo con el paso del tiempo.
La reciente incorporación al dominio público de los documentos conservados por Evelyn Lincoln, secretaria personal de John F. Kennedy desde su etapa como senador hasta el último día de su presidencia, confirma precisamente esa realidad.
Lincoln no era una simple secretaria administrativa. Era una de las personas que diariamente trabajaba más cerca del Presidente. Administraba su agenda, organizaba su correspondencia, custodiaba memorandos, archivaba documentos personales y conservó durante décadas materiales de enorme valor histórico.
Ningún investigador serio puede sostener que ese archivo, por sí solo, resuelve el misterio del asesinato.
Sería una afirmación insostenible. Pero tampoco puede ignorarse su importancia.
Cada nuevo documento procedente de una fuente tan cercana al Presidente permite reconstruir con mayor precisión el contexto político de aquellos años y, sobre todo, comprender mejor el funcionamiento cotidiano de una administración que vivía enfrentamientos profundos con sectores del aparato de seguridad nacional.
Paralelamente, la labor desarrollada por la Mary Ferrell Foundation ha transformado por completo el estudio del caso Kennedy.
Gracias a ese extraordinario archivo digital, millones de páginas de documentos de la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, el Pentágono, la Comisión Warren, el Comité Church y el House Select Committee on Assassinations pueden ser examinadas hoy por investigadores de todo el mundo.
Nunca antes había existido semejante disponibilidad documental.
Esa democratización de los archivos ha permitido revisar afirmaciones que durante décadas parecían inamovibles y ha dado lugar a investigaciones mucho más rigurosas que las simples especulaciones que con frecuencia dominaron el debate público durante los años sesenta y setenta.
Entre esas investigaciones ocupa un lugar destacado el trabajo del abogado Bill Simpich, titulado The Twelve Who Built the Oswald Legend.
El propio título obliga a detenerse en una palabra cuyo significado suele malinterpretarse.
En el lenguaje de los servicios de inteligencia, una legend no es una leyenda en el sentido literario del término.
Es una identidad construida cuidadosamente para fines operacionales.
Significa elaborar un conjunto coherente de antecedentes personales, relaciones, viajes, actividades políticas y documentación capaz de presentar a un individuo bajo una determinada apariencia.
Simpich sostiene que Lee Harvey Oswald fue objeto de un proceso de esa naturaleza y que alrededor de su figura actuaron diversas personas vinculadas al mundo de la inteligencia estadounidense.
Esa tesis continúa siendo objeto de debate entre los especialistas y no constituye una conclusión aceptada universalmente.
Sin embargo, el interés de la investigación radica en que se apoya extensamente en documentos desclasificados y no únicamente en conjeturas.
Existe, sin embargo, un hecho que ningún investigador puede ignorar.
Si Lee Harvey Oswald era, como sostuvo la Comisión Warren, un individuo aislado, políticamente insignificante y sin conexiones relevantes, resulta extraordinariamente difícil explicar por qué distintas agencias federales siguieron con tanto interés cada uno de sus movimientos. Sus viajes, su permanencia en la Unión Soviética, su matrimonio con Marina Oswald, su regreso a los Estados Unidos, sus actividades en Nueva Orleans y su posterior viaje a Ciudad de México generaron un volumen documental sorprendente.
La CIA lo seguía. El FBI lo seguía. El Departamento de Estado poseía información sobre sus desplazamientos. Diversas oficinas intercambiaban datos relacionados con él. Esa desproporción entre la supuesta irrelevancia del personaje y el enorme interés institucional que despertaba constituye una de las preguntas centrales de toda la investigación histórica.
Particularmente enigmático continúa siendo el episodio de Ciudad de México, ocurrido pocas semanas antes del asesinato del Presidente. Allí aparecen llamadas telefónicas, fotografías, escuchas, informes de vigilancia y grabaciones cuya interpretación sigue siendo objeto de controversia.
El director del FBI, J. Edgar Hoover, dejó constancia en un memorando del 23 de noviembre de 1963 de que existía una grabación atribuida a Oswald cuya voz aparentemente no coincidía con la del acusado.
Ese documento, conocido desde hace años, ha dado lugar a numerosas hipótesis. No demuestra por sí mismo que hubiera existido una suplantación de identidad, pero sí plantea una duda objetiva que forma parte del expediente histórico y que todavía no ha recibido una explicación plenamente satisfactoria.
Otro aspecto que merece una reflexión serena es el papel desempeñado por Allen Dulles.
Kennedy lo destituyó como director de la CIA después del fracaso de la Invasión de Bahía de Cochinos contra Fidel Castro en 1961, convencido de que la Agencia le había ocultado información esencial sobre la operación.
Sin embargo, tras el asesinato del Presidente, Dulles pasó a integrar la Comisión Warren encargada de investigar precisamente ese crimen.
Este hecho ha sido objeto de críticas por parte de diversos historiadores debido al evidente problema de percepción que plantea. Ello no prueba ninguna responsabilidad de Dulles en el asesinato; pero sí explica por qué su participación en la investigación ha sido examinada con tanta atención por generaciones de investigadores.
Igualmente relevante resulta la figura de James Jesus Angleton, legendario jefe de la División de Contrainteligencia de la CIA.
Angleton administraba algunos de los expedientes más sensibles de la Guerra Fría y aparece repetidamente vinculado a la circulación de información sobre Lee Harvey Oswald.
Tampoco este hecho constituye una prueba de conspiración.
Sin embargo, plantea una pregunta legítima: ¿por qué un funcionario de tan alto nivel seguía con semejante interés el expediente de un personaje que, según la explicación oficial posterior, carecía de importancia estratégica?
Son precisamente esas contradicciones las que mantienen vivo el debate historiográfico.
La muerte de Lee Harvey Oswald constituye otro episodio imposible de ignorar. El hombre acusado de asesinar al Presidente de los Estados Unidos fue abatido por Jack Ruby apenas cuarenta y ocho horas después de su detención, delante de cámaras de televisión y antes de haber comparecido ante un tribunal.
Como consecuencia de ese hecho, nunca existió un juicio en el que la acusación pudiera ser sometida al contradictorio propio de un Estado de derecho.
Nunca fue posible escuchar una defensa, confrontar testigos o interrogar ampliamente al principal acusado.
La explicación oficial atribuye la conducta de Ruby a un impulso emocional. Esa sigue siendo la versión institucional.
Pero también es un hecho histórico que la muerte de Oswald impidió para siempre conocer directamente su versión de los acontecimientos.
Durante la década de 1970, las investigaciones del Comité Church modificaron radicalmente la percepción pública sobre los organismos de inteligencia estadounidenses.
Los informes del Senado revelaron programas clandestinos de vigilancia, experimentos ilegales, intentos de asesinato de dirigentes extranjeros, operaciones psicológicas y múltiples actividades incompatibles con los principios constitucionales proclamados por el propio Estado norteamericano.
Aquellas revelaciones no demostraron quién mató a John Kennedy, pero sí destruyeron la idea de que las agencias de inteligencia actuaban siempre dentro de los límites legales y de que sus declaraciones oficiales debían aceptarse sin reservas.
La historia obligó entonces a mirar el caso Kennedy con una actitud mucho más crítica y mucho más exigente.
Después de medio siglo dedicado al estudio de los documentos desclasificados de los Estados Unidos, he aprendido que el historiador no debe sustituir una versión oficial por otra versión igualmente dogmática.
Nuestra obligación consiste en seguir la evidencia dondequiera que ella conduzca.
No corresponde afirmar como hechos aquello que los documentos todavía no permiten demostrar; pero tampoco corresponde ignorar las contradicciones, los silencios y las preguntas que los propios documentos oficiales continúan planteando. Esa es la diferencia entre la investigación histórica y la propaganda.
Por eso sigo considerando que el asesinato de John Fitzgerald Kennedy continúa siendo un expediente abierto para la historia.
No porque desconozcamos completamente lo ocurrido en Dallas, sino porque cada nueva desclasificación modifica, aunque sea parcialmente, nuestra comprensión de aquel acontecimiento.
Los documentos de Evelyn Lincoln, las investigaciones de la Mary Ferrell Foundation, los trabajos de Bill Simpich y de otros investigadores, así como las sucesivas liberaciones de archivos oficiales, demuestran que el conocimiento histórico sobre este caso continúa evolucionando.
Y después de haber estudiado durante cincuenta años la forma en que los archivos norteamericanos terminaron desmintiendo numerosas versiones oficiales sobre episodios decisivos de la Guerra Fría, considero legítimo formular una reflexión que muchos ciudadanos comparten.
Después de tantos asesinatos políticos; después de tantas operaciones clandestinas cuya existencia fue negada durante años y posteriormente reconocida por los propios documentos oficiales; después de las revelaciones del Comité Church; después de los millones de páginas desclasificadas; después de los archivos recientemente incorporados de Evelyn Lincoln; y después de comprobar que la violencia política continúa siendo una realidad incluso en nuestros días, ¿quién, en su sano juicio, puede seguir creyendo que el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy fue simplemente la obra de un “pajarito solitario” llamado Lee Harvey Oswald, quien, apenas cuarenta y ocho horas más tarde, fue eliminado por Jack Ruby antes de poder explicar ante un tribunal todo cuanto sabía?
La historia, como siempre, tendrá la última palabra. Y la historia aún no ha terminado de escribir este capítulo.
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