José Manuel Jerez
El caso de Darlin Mercado Reyes ha estremecido la conciencia nacional porque obliga a formular una pregunta esencial: ¿puede un Estado constitucional tolerar que una infracción administrativa concluya con la muerte de un ciudadano? La respuesta, desde el Derecho Público, el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, solo puede ser negativa. Cuando la fuerza sustituye a la legalidad, el Estado pierde legitimidad y la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones.
Sobre esa premisa se sustentó la intervención de Leonel Fernández al afirmar que «las multas se pagan con muerte; ese es el gran retroceso del PRM». Más allá de la contundencia política de la expresión, el planteamiento remite a un principio jurídico elemental: la actuación de toda autoridad pública está limitada por la ley y sometida al principio de proporcionalidad.
La privación de libertad constituye una medida excepcional. En un Estado democrático, las infracciones administrativas generan sanciones administrativas, no respuestas letales. Cuando un agente desconoce esa diferencia, el problema deja de ser individual para convertirse en una señal de fallas estructurales en la formación, supervisión y cultura institucional.
Por ello, el debate no debe reducirse únicamente a determinar la responsabilidad penal o disciplinaria del agente involucrado. También corresponde examinar la eficacia real de la denominada reforma policial. Una reforma auténtica no se mide por discursos, comisiones o protocolos, sino por la transformación efectiva del comportamiento de quienes ejercen el monopolio legítimo de la fuerza.
Desde esa perspectiva, la crítica formulada por Leonel Fernández adquiere una dimensión institucional. Si después de años de reformas continúan ocurriendo hechos de esta naturaleza, resulta legítimo cuestionar si los cambios implementados han producido resultados concretos en materia de respeto a los derechos fundamentales.
Sin embargo, el discurso no se limitó a denunciar un hecho trágico. También proyectó una visión de futuro al presentar una estructura juvenil fortalecida y anunciar una amplia participación de jóvenes en las candidaturas de la Fuerza del Pueblo. Ese anuncio trasciende el cumplimiento formal de las cuotas legales y plantea una apuesta por la renovación del liderazgo político.
En sociedades democráticas, la juventud no constituye únicamente un segmento electoral; representa una inversión estratégica en capital humano, innovación y estabilidad institucional. Las referencias a las becas nacionales e internacionales, al ITLA y al proyecto del Corredor Tecnológico procuran vincular esa visión con una trayectoria previa de políticas públicas orientadas a ampliar oportunidades.
El contraste político es evidente. Mientras una parte importante del debate nacional gira alrededor de episodios que cuestionan la actuación del Estado frente a los ciudadanos, la oposición procura colocar sobre la mesa una discusión sobre institucionalidad, formación, tecnología y renovación generacional. Esa confrontación de modelos probablemente ocupará un lugar central en el debate político hacia 2028.
Las democracias maduras no se fortalecen únicamente mediante elecciones periódicas; también requieren instituciones que respeten la dignidad humana incluso frente a las infracciones más simples. Cuando una multa termina en una muerte, la alarma debe trascender las diferencias partidarias y convertirse en un compromiso nacional con el Estado de Derecho.
El mensaje central del discurso consiste precisamente en esa doble exigencia: recuperar la legalidad en el ejercicio de la fuerza pública y abrir mayores espacios para las nuevas generaciones en la conducción del país. La calidad de una democracia se mide tanto por la forma en que protege la vida de sus ciudadanos como por la capacidad de ofrecerles un futuro de participación, oportunidades y esperanza.
About The Author
