SANTO DOMINGO.— En una entrevista realizada por los comunicadores Santiago Guzmán y Victor Cuevas en el programa El Poder Municipal, el Dr. Joaquincito Bocio, catedrático y especialista en derecho penal, ofreció un análisis detallado sobre las transformaciones que trae el nuevo ordenamiento jurídico del país, así como sobre la necesidad de transformar la cultura procesal de los operadores de justicia.
Un nuevo marco normativo: 73 nuevas infracciones y mayor rigor en el Código Penal
Durante su intervención, el Dr. Bocio destacó la urgente necesidad de promover una «nueva cultura jurídica penal y procesal» en la República Dominicana, adaptada a los estándares constitucionales contemporáneos.
Entre los aspectos más destacados del nuevo marco normativo, el jurista explicó:
- Nueva tipificación de faltas: El nuevo cuerpo legal elimina la tradicional separación entre crímenes y delitos, reestructurando el catálogo punitivo en infracciones graves, menos graves y leves.
- Incorporación de 73 nuevas figuras delictivas: Se introducen 73 infracciones que anteriormente no estaban tipificadas en el ordenamiento penal dominicano.
- Tránsito con dolo: Los accidentes de tránsito donde se compruebe intencionalidad o la omisión de socorro/primeros auxilios pasan a considerarse agravados, tratándose bajo la esfera del homicidio penal.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Compliance): Las empresas e instituciones serán penalmente responsables en caso de incumplir controles de cumplimiento institucional o normativo.
- Cúmulo y aumento de penas: Se elevan las escalas punitivas generales; las condenas máximas pasan de 20 a 30 años y de 30 a 40 años de prisión].
Alerta sobre el uso desmedido de la prisión preventiva y garantías constitucionales
En el ámbito procesal penal, el jurista cuestionó la práctica sistemática del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva como medida cautelar por excelencia, recordando que la Constitución ampara los derechos fundamentales a la libertad, la vida y la propiedad.
- Principio de Ultima Ratio: Bocio enfatizó que la privación de libertad debe ser la última opción aplicable dentro del catálogo de siete medidas de coerción disponibles.
- Pruebas a cargo y a descargo: Recordó que el rol institucional del Ministerio Público obliga a investigar no solo los elementos que incriminan al imputado, sino también aquellos que demuestren su inocencia.
- Límite al populismo penal: Advirtió sobre los riesgos del "populismo penal" promovido por la presión social o mediática, instando a los jueces a actuar con estricto apego a la norma constitucional y al debido proceso.
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