Por José Manuel Jerez
La oposición dominicana enfrenta una realidad que no puede seguir siendo interpretada desde el voluntarismo, la nostalgia unitaria o la simple aritmética electoral. La división entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana no es un accidente pasajero ni una diferencia superficial de coyuntura. Es la expresión de una fractura política profunda, nacida de una disputa por liderazgo, identidad, base electoral, memoria histórica y futuro partidario. Por eso, cualquier estrategia opositora que pretenda construir una alianza presidencial de primera vuelta entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, sin comprender la naturaleza real de esa fractura, corre el riesgo de invertir energías en un objetivo políticamente improbable y estratégicamente poco productivo.
La Fuerza del Pueblo y el PLD comparten una parte significativa de su origen político, de su cultura organizativa y de su antigua base electoral. Esa coincidencia, lejos de facilitar automáticamente una alianza presidencial, la dificulta. El PLD sabe que la Fuerza del Pueblo no es un partido ajeno a su historia, sino una organización surgida de su propio tronco político, encabezada por quien fue su principal líder, presidente de la República y figura electoral dominante durante décadas. Por esa razón, un eventual retorno de Leonel Fernández al poder no solo significaría la derrota del oficialismo; también podría representar la consolidación definitiva de la Fuerza del Pueblo como eje mayoritario del antiguo espacio peledeísta.
Desde esa perspectiva, la resistencia de Danilo Medina y del PLD a una alianza presidencial que favorezca a Leonel Fernández no debe ser analizada únicamente como terquedad o falta de visión opositora. Tampoco un asunto de ego. Debe entenderse como un cálculo de supervivencia política. Para el PLD, apoyar en primera vuelta a Leonel Fernández podría equivaler a acelerar su propia pérdida de centralidad histórica. Si la Fuerza del Pueblo llegara al gobierno con Leonel como presidente, una parte importante de los cuadros, dirigentes y militantes tradicionales del PLD encontrarían incentivos para migrar definitivamente hacia la organización que tendría el liderazgo presidencial y la legitimidad del triunfo.
Por tanto, resulta infructuoso insistir en que el PLD asumirá voluntariamente una alianza presidencial de primera vuelta cuyo desenlace natural podría ser su debilitamiento estructural. La política no se mueve únicamente por afinidades ideológicas, sino por incentivos de poder. Y, en este caso, los incentivos de la cúpula peledeísta no apuntan hacia una subordinación presidencial temprana a la Fuerza del Pueblo, sino hacia la preservación de su propia identidad y capacidad de negociación.
Sin embargo, lo que resulta difícil en el plano presidencial puede ser perfectamente viable en el plano municipal. Las elecciones municipales poseen una lógica distinta. Allí predominan los liderazgos territoriales y la necesidad concreta de ganar alcaldías, regidurías y direcciones distritales. En ese nivel, la supervivencia política local suele imponerse sobre las disputas nacionales.
En consecuencia, Danilo Medina puede tener fuertes razones para evitar una alianza presidencial con Leonel Fernández, pero el PLD tendría enormes dificultades para justificar una política municipal suicida que entregue plazas al oficialismo por negarse a pactar con la Fuerza del Pueblo. En numerosos territorios, la división opositora solo beneficia al PRM.
Precisamente ahí reside la gran oportunidad estratégica de la oposición. Una alianza municipal amplia en febrero no tendría por qué ser presentada como una alianza presidencial anticipada. Se trataría, más bien, de una convergencia territorial destinada a preservar espacios de poder local y a impedir la concentración absoluta del poder político en manos del oficialismo.
El valor de febrero trasciende las alcaldías. Las elecciones municipales producen un efecto psicológico y político sobre las presidenciales de mayo. Quien obtiene victorias en febrero llega fortalecido a la siguiente fase del proceso electoral: ese debe ser el objetivo (beneficia a ambas organizaciones) tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. En política, la percepción de crecimiento constituye una forma de poder.
Por esa razón, las fuerzas opositoras deben evitar el error de convertir la alianza presidencial con el PLD en el eje central de su estrategia. La prioridad debe ser construir una gran alianza municipal, ganar territorios, fortalecer la candidatura presidencial de Leonel Fernández e impedir que el oficialismo alcance la mayoría absoluta en primera vuelta.
Si el PRM no logra superar el umbral constitucional para ganar en mayo y Leonel Fernández se convierte en el principal candidato opositor en la segunda vuelta, la dinámica política cambiará radicalmente. La lógica del sistema tenderá naturalmente a reagrupar a las fuerzas que aspiran a la alternancia.
Asimismo, constituiría un grave e imperdonable error político que sectores del Partido de la Liberación Dominicana optaran por respaldar al oficialismo en una eventual segunda vuelta presidencial. Una decisión de esa naturaleza equivaldría a renunciar a la condición misma de fuerza opositora y a facilitar la consolidación del proyecto político cuya gestión han cuestionado durante años. Más aún, asumir que la totalidad del electorado y de la militancia peledeísta actuarían mecánicamente siguiendo una eventual directriz de esa naturaleza constituye una apreciación sociológicamente errónea y políticamente simplista. Los votantes no son rebaños electorales carentes de voluntad propia. La experiencia política demuestra que las bases partidarias conservan márgenes importantes de autonomía y suelen reaccionar conforme a sus convicciones, identidades históricas y percepciones sobre el interés nacional. En consecuencia, aun en la hipótesis extrema de que una parte de la dirigencia peledeísta pretendiera favorecer al oficialismo, nada garantiza que su militancia y su electorado tradicional acompañen disciplinadamente semejante decisión. Por el contrario, es razonable pensar que una proporción significativa de esos ciudadanos terminaría inclinándose por la alternativa opositora con mayores posibilidades de producir la alternancia democrática. En una segunda vuelta, la lógica política deja de girar alrededor de las rivalidades históricas entre partidos de oposición y se redefine alrededor de una disyuntiva superior entre continuidad y cambio. Desde esa perspectiva, pactar con el oficialismo significaría sacrificar el interés estratégico de largo plazo en favor de una decisión que podría resultar políticamente devastadora e históricamente incomprensible.
La conclusión estratégica es clara: la oposición no debe gastar sus mayores energías tratando de forzar ahora lo que los incentivos políticos actuales hacen improbable. Debe concentrarse en lo que sí es viable y acumulativo. Primero, una alianza municipal amplia y victoriosa en febrero. Segundo, impedir que el oficialismo gane en primera vuelta. Y tercero, mantener abiertas las condiciones para una convergencia nacional en una eventual segunda vuelta.
La unidad no siempre se decreta antes de la batalla. Muchas veces es la propia realidad electoral la que termina definiendo quién está llamado a conducirla. En consecuencia, la ruta más racional para la oposición dominicana no consiste en insistir obsesivamente en una alianza presidencial prematura con el PLD, sino en construir una alianza municipal ganadora en febrero y preparar las condiciones para que una eventual segunda vuelta se convierta en el espacio natural de reunificación de todas las fuerzas que aspiran a la alternancia democrática y a la apertura de un nuevo ciclo político en la República Dominicana.
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