Por José Manuel Jerez
El debate sobre la deuda pública ha dejado de ser un asunto reservado a economistas y organismos financieros para convertirse en una de las discusiones políticas más relevantes de nuestro tiempo. La razón es sencilla: la deuda determina el margen de acción del Estado, condiciona las políticas públicas y compromete los recursos de generaciones que aún no participan en las decisiones presentes. Cuando un gobierno decide endeudarse, no solo administra el presente; también dispone anticipadamente de parte del futuro.
Las recientes reflexiones del expresidente Leonel Fernández han reactivado un debate que la sociedad dominicana necesita abordar con serenidad, rigor técnico y responsabilidad institucional. La pregunta fundamental no consiste únicamente en cuánto ha aumentado la deuda, sino en cuál ha sido el rendimiento económico y social de los recursos obtenidos mediante ese endeudamiento.
El crédito público constituye una herramienta legítima de política económica. Los Estados recurren a él para financiar grandes obras de infraestructura, enfrentar desastres naturales, responder a crisis internacionales o impulsar procesos de modernización. Sin embargo, esa legitimidad descansa en un principio elemental: cada peso prestado debe traducirse en una capacidad mayor para producir riqueza, mejorar servicios públicos o fortalecer la competitividad nacional.
Cuando el endeudamiento financia principalmente gasto corriente, subsidios permanentes o déficits estructurales, el panorama cambia radicalmente. La deuda permanece, mientras los recursos consumidos desaparecen. En esas circunstancias, el presupuesto futuro queda cada vez más condicionado por el pago de intereses y amortizaciones, reduciendo el espacio disponible para nuevas inversiones públicas.
Desde la perspectiva macroeconómica, la sostenibilidad de la deuda depende de múltiples factores: crecimiento económico, presión tributaria, disciplina presupuestaria, costo financiero, composición monetaria de las obligaciones y confianza de los mercados. Ninguno de estos elementos puede analizarse aisladamente. La fortaleza fiscal es el resultado de un equilibrio permanente entre ingresos, gasto e inversión.
Existe además una dimensión institucional frecuentemente olvidada. La transparencia en el endeudamiento constituye una exigencia democrática. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos, los compromisos asumidos y los resultados concretos alcanzados. La rendición de cuentas no debilita al Estado; por el contrario, fortalece la confianza pública y mejora la calidad de las decisiones gubernamentales.
En ese contexto, las observaciones formuladas por Leonel Fernández trascienden la coyuntura política. Su llamado invita a revisar la eficiencia del gasto, la prioridad otorgada a las inversiones estratégicas y la necesidad de preservar márgenes de maniobra para afrontar futuras crisis económicas internacionales. El debate, por tanto, debe centrarse en la sostenibilidad y la calidad de la gestión fiscal.
Las experiencias internacionales demuestran que los países que han logrado combinar crecimiento sostenido con estabilidad macroeconómica son aquellos que desarrollaron instituciones fiscales sólidas, reglas presupuestarias creíbles y mecanismos permanentes de evaluación del gasto público. La disciplina fiscal no constituye un obstáculo para el desarrollo; representa una condición indispensable para hacerlo sostenible.
También existe una dimensión ética. Toda generación recibe un patrimonio institucional y financiero construido por quienes la precedieron. Gobernar responsablemente implica entregar a la siguiente generación un Estado más fuerte, una economía más competitiva y unas finanzas públicas más saludables, no una carga creciente que limite sus posibilidades de progreso.
Por ello, el verdadero juicio histórico sobre cualquier administración no dependerá exclusivamente del volumen de deuda contratado, sino de las obras realizadas, de las capacidades productivas creadas y del bienestar colectivo generado con esos recursos. La deuda puede convertirse en un instrumento de transformación o en una pesada herencia. La diferencia radica en la calidad del liderazgo, la responsabilidad fiscal y la visión estratégica con que se gobierna.
República Dominicana necesita un debate nacional sustentado en evidencia, indicadores verificables y comparaciones objetivas. La discusión sobre la deuda pública debe elevarse por encima de la confrontación partidaria para convertirse en una reflexión sobre el modelo de desarrollo que el país desea construir durante las próximas décadas.
Al final, los gobiernos pasan, pero las obligaciones financieras permanecen. Precisamente por ello, la prudencia fiscal, la transparencia y la eficiencia del gasto constituyen principios permanentes del buen gobierno. Esa será, en definitiva, la vara con la que la historia evaluará el legado económico de cada administración.
About The Author
