José Manuel Jerez
Existe un principio no escrito que sostiene la legitimidad de toda política económica: la coherencia. Los ciudadanos pueden comprender sacrificios temporales cuando responden a circunstancias extraordinarias, pero esperan que esos sacrificios desaparezcan cuando cesan las causas que los originaron. En esa lógica se inscribe el reciente planteamiento de Leonel Fernández de reducir los precios de los combustibles tras el retorno del petróleo a los niveles contemplados en el Presupuesto General del Estado.
Durante la escalada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno explicó que el aumento del precio internacional del crudo obligaba a destinar cuantiosos subsidios y justificaba medidas extraordinarias. Aquella explicación podía sostenerse mientras persistiera el shock petrolero. Sin embargo, cuando el barril retorna al rango originalmente proyectado, la carga de la argumentación cambia de manos: ahora corresponde explicar por qué el alivio internacional no llega también al consumidor dominicano.
La economía de mercado exige consistencia. Si las variaciones internacionales se utilizan para justificar incrementos internos, el mismo criterio debe aplicarse cuando esas variaciones operan en sentido contrario. De lo contrario, el ciudadano concluye que el mercado solo funciona para aumentar precios, nunca para reducirlos. Esa percepción erosiona la confianza en las instituciones y alimenta el desencanto con la gestión pública.
El precio de los combustibles tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía. Incide en el transporte de pasajeros y mercancías, en la producción agrícola, en la industria, en el comercio y, finalmente, en el costo de la canasta familiar. Una reducción razonable no constituye una concesión política; representa una decisión con potencial para aliviar presiones inflacionarias y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares.
En una democracia constitucional, la administración de los recursos públicos está sometida al principio de buena administración, que demanda racionalidad, proporcionalidad y transparencia. Cuando desaparecen las condiciones excepcionales que justificaron una medida gravosa, mantenerla sin una explicación suficiente debilita la legitimidad de la política pública y genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones.
Las críticas formuladas por Leonel Fernández introducen además un debate sobre las prioridades del gasto público. Si el Estado continúa captando recursos extraordinarios derivados de un escenario internacional ya superado, resulta legítimo que la sociedad exija conocer con precisión el destino de esos fondos y los criterios utilizados para administrarlos. La rendición de cuentas deja de ser un ejercicio retórico para convertirse en una obligación democrática.
Desde la perspectiva política, el mensaje emitido en Puerto Plata trasciende el tema de los combustibles. La Fuerza del Pueblo procura combinar propuestas concretas para enfrentar el costo de la vida con una estrategia organizativa de largo plazo. Esa combinación entre agenda programática y fortalecimiento territorial busca proyectar una alternativa de gobierno sustentada en planificación y capacidad de ejecución.
Las grandes victorias electorales rara vez nacen de la improvisación. Surgen de la articulación entre liderazgo, organización, credibilidad y capacidad para interpretar las preocupaciones reales de la población. Cuando un partido logra convertir demandas cotidianas en propuestas políticas comprensibles, amplía su capacidad de conectar con el electorado más allá de su militancia tradicional.
También existe una dimensión ética. La confianza ciudadana se fortalece cuando las autoridades aplican los mismos criterios en épocas de crisis y de normalidad. Si el Estado reclama comprensión cuando los costos internacionales aumentan, debe mostrar la misma sensibilidad cuando esos costos disminuyen. La reciprocidad constituye un componente esencial del contrato social entre gobernantes y gobernados.
En conclusión, la discusión no gira únicamente alrededor del precio de un galón de gasolina. Lo que está en juego es la credibilidad de la política económica, la coherencia del discurso gubernamental y el respeto al ciudadano como destinatario último de toda acción pública. Gobernar implica administrar recursos, pero también administrar confianza. Cuando el petróleo baja y la gasolina permanece igual, la pregunta deja de ser económica para convertirse en política: ¿quién se beneficia de esa diferencia? Esa es la interrogante que hoy exige una respuesta convincente.
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