La Constitución de la República Dominicana no es solo un conjunto de leyes frías; es un pacto social que, en sus artículos 8 y 42, empeña la palabra del Estado para proteger la vida, la dignidad y la integridad de cada ciudadano. Sin embargo, cuando miramos la dolorosa realidad de los feminicidios en nuestro país, esa promesa se desmorona. Detrás de cada mujer asesinada hay una cadena de omisiones, burocracia y una alarmante falta de empatía por parte de las autoridades que debían cuidarlas. No estamos ante simples fallas administrativas; estamos ante vidas rotas por la negligencia de un sistema que reacciona tarde y mal.
Denunciar en la República Dominicana requiere una valentía enorme. Pero la cruda verdad es que, demasiadas veces, el sistema responde con indiferencia. Una orden de alejamiento impresa en un papel no detiene un ataque, ni sustituye la falta de refugios seguros, ni compensa la escasez de personal capacitado en las fiscalías. Cuando una mujer acude a pedir ayuda y se le regresa a casa desprotegida, el Estado no solo incumple su mandato constitucional, sino que se convierte en cómplice silencioso de la tragedia.
Las cifras de los últimos años dejan al descubierto una realidad que duele y avergüenza a toda la sociedad:
| 2024 | 71 vidas | Fue la cifra oficial de un año de luto constante. |
| 2025 | 59 | Madres, hijas y hermanas que no debieron partir. |
| 2026 | 22 | Solo en los tres primeros meses del año, según el reporte oficial de la Procuraduría General de la República (PGR). Las organizaciones de la sociedad civil estiman que, a la fecha, la cifra ya supera los 30 casos. |
Tenemos Hijo de la orfandad, dolor familiar y proyectos de vida destruidos siento este el saldo real detrás de cada número. Nombres como Yulissa Acosta, Mariela Rincón, Carolina de los Santos y Rosalía Almonte resuenan en el reclamo social no como estadísticas, sino como rostros de una tragedia que pudo evitarse si sus alertas hubieran sido escuchadas con la seriedad y urgencia que la ley exige.
A esta trágica lista se sumó recientemente el desgarrador caso de Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, asesinada por su expareja precisamente tras salir de las instalaciones de la Fiscalía. Su muerte es la prueba más dolorosa y fehaciente del fracaso institucional: una mujer que acudió formalmente a los pies de la justicia buscando amparo y terminó desprotegida en el momento de mayor vulnerabilidad. En sus últimos instantes, ella corría desesperada, encarnando el pánico y el desamparo de todas las demás; corría como si fuera la representante de las 71 del 2024, de las 59 del 2025 y de las 21 víctimas previas de este año que han gritado con el alma que les ayuden a salvar sus vidas, recibiendo a cambio solo el eco de la indiferencia estatal.
Cumplir con la Constitución no es una opción política ni una campaña de relaciones públicas; es una obligación legal que, urge se realice una reforma integral que sustituya el letargo burocrático por una verdadera debida diligencia en la investigación y prevención del riesgo y se necesita voluntad real para transformar las oficinas judiciales en espacios de amparo verdadero, donde el riesgo se evalúe con criterio y el agresor sea controlado con firmeza. Mientras el presupuesto sea insuficiente y la desatención de un funcionario quede en la impunidad, la República Dominicana seguirá arrastrando esta deuda histórica, permitiendo que el hogar continúe siendo el lugar más peligroso para tantas dominicanas.
Ante esta realidad, como ciudadanos no podemos permanecer indiferentes ni mirar hacia otro lado como si fuera un problema ajeno. La violencia de género destruye el tejido mismo de nuestra sociedad. Debemos entender que, en este panorama tan desolador, si hoy no eres el victimario ni te ha tocado ser la víctima directa, hoy o mañana esta tragedia te puede golpear muy de cerca, arrebatándote a una madre, a una hermana, a una hija o a una amiga. La lucha por la vida de las mujeres nos concierne a todos.
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