Por José Manuel Jerez
La reducción del precio internacional del petróleo ha dejado al descubierto una contradicción que el Gobierno ya no puede seguir eludiendo. Durante los meses de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán, las autoridades justificaron los elevados precios de los combustibles alegando la incertidumbre de los mercados internacionales y el incremento del barril de petróleo. Hoy ese escenario ha cambiado. El crudo ha retrocedido hasta niveles cercanos a los 66 dólares por barril, pero las gasolinas continúan prácticamente al mismo precio que cuando el mundo se encontraba al borde de una escalada militar. La pregunta es inevitable: si desapareció la principal causa que justificaba los altos precios, ¿por qué los dominicanos siguen pagando combustibles de crisis?
La respuesta no parece encontrarse en el mercado internacional, sino en la política fiscal interna. El verdadero peso del precio de los combustibles no radica en el costo del petróleo, sino en la elevada carga tributaria incorporada a cada galón. Diversos análisis indican que la gasolina premium soporta alrededor de 102 pesos en impuestos y la regular cerca de 91 pesos. En términos prácticos, aproximadamente uno de cada tres pesos que paga un ciudadano al llenar el tanque termina correspondiendo a gravámenes estatales. Esa realidad obliga a trasladar el debate desde el precio del barril hacia la composición real del precio final que pagan los consumidores.
En ese contexto, también resulta legítimo examinar con mayor rigor el discurso oficial sobre los llamados subsidios a los combustibles. Diversos economistas y dirigentes de la oposición cuestionan esa caracterización y sostienen que la ciudadanía merece conocer con absoluta claridad cuál es el costo presupuestario efectivo de esa política y cómo se determina técnicamente. La transparencia no puede ser una consigna; debe traducirse en información verificable que permita distinguir cuánto corresponde al precio internacional del petróleo y cuánto obedece a decisiones tributarias del propio Gobierno.
Lo verdaderamente preocupante es que esta política termina castigando a toda la economía nacional. El combustible no es un producto cualquiera. Su precio determina el costo del transporte de alimentos, medicamentos, materiales de construcción, mercancías y prácticamente todos los bienes y servicios que consumen las familias dominicanas. A ello se suma el transporte público, que absorbe una parte significativa del presupuesto de millones de hogares. Mantener elevados los precios internos cuando el petróleo disminuye equivale a prolongar artificialmente presiones inflacionarias que afectan con mayor fuerza a quienes menos ingresos tienen.
La República Dominicana figura entre los países donde el transporte representa una de las mayores cargas para la economía familiar. Por ello, mantener combustibles caros cuando las condiciones internacionales mejoran no constituye una decisión neutra. Significa transferir mayores costos a consumidores, productores y pequeñas empresas, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios y encareciendo toda la estructura económica.
Cuando desaparecen las razones extraordinarias que sirvieron para justificar los altos precios de los combustibles, mantenerlos inalterables deja de ser una decisión técnica para convertirse en una decisión política que castiga a las familias dominicanas y termina volviéndose en contra del propio Gobierno.
Este debate adquiere mayor relevancia a la luz de otras decisiones recientes del oficialismo. La modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos provocó fuertes cuestionamientos de importantes organizaciones empresariales, que la calificaron como un nuevo golpe a los costos de producción. En ese contexto, el expresidente Leonel Fernández ha sostenido que el Gobierno mantiene una estrategia orientada a incrementar la presión recaudatoria mediante distintas vías y ha advertido que determinadas iniciativas podrían responder a objetivos políticos de cara al proceso electoral de 2028.
Sin embargo, más allá de la confrontación partidaria, existe una exigencia democrática que no admite evasivas: la transparencia fiscal. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué parte del precio que pagan corresponde realmente al petróleo, cuál responde a impuestos y cuál deriva de decisiones administrativas. Mientras esa información no sea presentada de manera clara y comprensible, persistirá la percepción de que los combustibles continúan siendo utilizados como una fuente permanente de recaudación que grava indistintamente a ricos y pobres.
El Gobierno todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Si los factores internacionales que sirvieron de fundamento para mantener elevados los precios han desaparecido, resulta razonable revisar la política aplicada a los combustibles. Hacerlo no solo aliviaría el costo de vida de millones de dominicanos, sino que enviaría una señal de coherencia, transparencia y sensibilidad económica. Porque, al final, la pregunta sigue sin respuesta convincente: si el petróleo baja, ¿por qué las gasolinas no bajan también? Una democracia madura no teme responder esa pregunta; la enfrenta con datos, con transparencia y con decisiones que coloquen el interés de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración.
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