Por José Manuel Jerez
Durante buena parte de la historia democrática, la pregunta por el poder comunicativo parecía relativamente sencilla: ¿quién podía hablar ante muchos? El Estado tenía la cadena oficial; los periódicos, la imprenta; la radio y la televisión, el espectro y la audiencia. El ciudadano común podía opinar, protestar, escribir una carta o reunirse en una plaza, pero su capacidad de irrumpir directamente en la conversación nacional era limitada. La revolución digital alteró esa arquitectura. Hoy casi cualquiera puede publicar. Pero de esa democratización de la emisión nació una paradoja: nunca tantas personas habían tenido un micrófono y nunca había sido tan difícil determinar quién es realmente escuchado.
La cuestión democrática, por tanto, ya no puede formularse únicamente en términos de libertad para hablar. Debe formularse también en términos de visibilidad, credibilidad, responsabilidad y consecuencias. El verdadero desafío democrático no es solamente quién puede hablar, sino quién consigue ser escuchado, quién responde por lo que comunica y qué cambia después de sus palabras.
La primera gran transformación consiste en que el acceso al espacio público dejó de depender exclusivamente de instituciones mediadoras. Un presidente puede dirigirse directamente a millones de ciudadanos; un periodista puede publicar una investigación sin esperar la edición impresa del día siguiente; un creador digital puede convertir un asunto desconocido en conversación masiva; y un ciudadano con un teléfono puede documentar un acontecimiento antes de que llegue cualquier medio. La palabra pública se descentralizó. Ese cambio amplía posibilidades democráticas reales.
En la República Dominicana, esa posibilidad tiene una base constitucional inequívoca. El artículo 49 reconoce la libertad de expresión e información y protege la facultad de buscar, investigar, recibir y difundir información. La jurisprudencia constitucional ha insistido, además, en la dimensión individual y colectiva de estas libertades y en su importancia para el Estado social y democrático de derecho. En 2026, el propio Tribunal Constitucional publicó un cuadernillo que sistematiza su jurisprudencia de 2012 a 2025 sobre esta materia. La libertad de expresión no es una concesión del gobernante, del medio ni de la plataforma: es un derecho fundamental.
Pero aquí comienza el problema contemporáneo. Tener derecho a hablar no significa disponer de igual capacidad para ser oído. La igualdad jurídica de la palabra convive con una profunda desigualdad en la distribución de la atención.
Un ciudadano puede escribir una reflexión rigurosa que lean cien personas. Un influencer puede publicar una frase imprecisa que vean un millón. Un medio puede dedicar semanas a verificar una investigación y competir, en la misma pantalla, con un video producido en minutos. Un funcionario puede utilizar la autoridad simbólica de su cargo para instalar una versión de los hechos antes de que quienes la contradicen hayan reunido las pruebas necesarias. En todos esos casos existe libertad de expresión; lo que no existe es igualdad de amplificación.
Por eso, el poder comunicativo del siglo XXI no reside solamente en producir mensajes. Reside en controlar —o conquistar— atención. Y la atención se ha convertido en un recurso político escaso.
Los datos internacionales muestran la magnitud de la transformación. El Digital News Report 2026 del Reuters Institute señala que alrededor del 27 % de los encuestados en su muestra global obtiene alguna información cada semana de creadores individuales centrados en noticias. El mismo informe observa que esos creadores suelen ser percibidos como más entretenidos, comprensibles y cercanos que los medios tradicionales, aunque, en promedio, también como menos confiables e imparciales. No estamos, pues, ante la simple sustitución de un periódico por una pantalla: estamos ante una reorganización de las autoridades informativas.
Esa reorganización introduce un quinto actor que durante mucho tiempo permaneció oculto detrás de la interfaz: la plataforma. Entre quien habla y quien escucha existe ahora una arquitectura tecnológica que selecciona, ordena, recomienda y distribuye contenidos. El espacio público digital no es una plaza neutral en la que todas las voces se colocan a la misma distancia del ciudadano. La visibilidad depende también de sistemas de recomendación, comportamientos de audiencia, modelos comerciales y decisiones de diseño.
La UNESCO ha advertido precisamente que la gobernanza de las plataformas debe preservar simultáneamente la libertad de expresión, el acceso a la información y la rendición de cuentas, y plantea responsabilidades diferenciadas para Estados, empresas digitales, medios, sociedad civil y otros actores. La cuestión es decisiva porque regular la conversación pública plantea un doble riesgo: dejar sin respuesta los daños derivados de sistemas opacos de amplificación o, en el extremo contrario, utilizar la lucha contra la desinformación como justificación para controles desproporcionados sobre el discurso. Una democracia constitucional debe resistir ambos peligros.
Aquí aparece una distinción que con frecuencia desaparece en la velocidad de las redes: alcance no es credibilidad. Que un mensaje sea viral demuestra que circuló; no demuestra que sea verdadero. Que una persona tenga millones de seguidores demuestra capacidad de convocatoria; no acredita conocimiento especializado. Y que una institución disponga de canales oficiales tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. La democracia necesita conservar la distancia entre autoridad, popularidad y verdad.
Esa distancia explica la función insustituible del periodismo. El periodista no debería competir con el influencer por quién grita más fuerte, sino por algo mucho más difícil: quién verifica mejor. Su poder democrático no proviene de poseer una cuenta certificada, sino de preguntar, contrastar, documentar, contextualizar y corregir. Cuando el periodismo abandona esas funciones para perseguir exclusivamente la métrica instantánea, renuncia a la principal diferencia que justifica su papel en el espacio público.
Pero tampoco sería correcto idealizar al periodismo ni demonizar a los creadores digitales. Un medio puede equivocarse, sesgar, omitir o degradar sus estándares. Un creador puede investigar con seriedad, especializarse y construir una comunidad informada. De hecho, el ecosistema actual hace cada vez menos útil una frontera basada únicamente en etiquetas profesionales. La pregunta relevante debe ser otra: ¿qué procedimientos utiliza quien informa para sostener lo que afirma? La credibilidad democrática no puede descansar solamente en quién habla; debe descansar también en cómo sabe lo que dice.
La responsabilidad completa la ecuación. Durante años se celebró, con razón, la reducción de las barreras para publicar. Pero la desaparición del antiguo guardián editorial trasladó una parte de la carga al individuo. Poder comunicar a miles o millones de personas implica una capacidad de producir consecuencias sobre reputaciones, instituciones, mercados, procesos electorales y convivencia social. Eso no autoriza censura previa ni convierte la libertad en permiso condicionado. Significa algo diferente: que la libertad de expresión y la responsabilidad posterior no son enemigas.
La Constitución dominicana ofrece precisamente esa lógica. La protección de la expresión convive con derechos como el honor, la intimidad y la dignidad. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión constituye un pilar de la democracia, pero también ha reconocido los límites constitucionales vinculados a derechos de terceros. El punto democrático no consiste en reducir la libertad hasta hacerla inocua, sino en impedir que la responsabilidad sea utilizada como pretexto para silenciar la crítica legítima.
Hay, además, una dimensión todavía más profunda: hablar y ser escuchado tampoco bastan. La democracia exige preguntarse qué ocurre después.
Una denuncia que obtiene millones de visualizaciones pero no genera investigación, respuesta institucional ni corrección alguna puede dominar la conversación durante cuarenta y ocho horas y desaparecer sin modificar la realidad. En sentido contrario, una información que alcanza una audiencia mucho menor puede provocar una auditoría, una sentencia, una rectificación, una política pública o una organización comunitaria duradera. La influencia no debería medirse exclusivamente por impresiones, reproducciones o tendencias. También debe medirse por capacidad de producir rendición de cuentas y acción cívica.
Esto obliga a revisar nuestra idea del poder. El presidente posee poder institucional; el periodista puede poseer poder de escrutinio; el influencer, poder de amplificación; el ciudadano organizado, poder de movilización; la plataforma, poder de distribución. Ninguno de esos poderes es idéntico a los demás y ninguno debería absorberlos todos. Una democracia saludable depende, precisamente, de que permanezcan diferenciados, sometidos a límites y capaces de controlarse recíprocamente.
El peligro comienza cuando confundimos una de esas formas de poder con todas las demás. Cuando el gobernante interpreta su autoridad electoral como derecho a monopolizar la verdad; cuando el periodista convierte su función de fiscalización en inmunidad frente a la crítica; cuando el influencer transforma seguidores en certificado de conocimiento; cuando el ciudadano sustituye la prueba por la indignación; o cuando una plataforma trata sus reglas privadas de distribución como si carecieran de consecuencias públicas.
La democracia digital necesita, por eso, una ciudadanía más exigente, no una ciudadanía más silenciosa. Debemos defender con firmeza el derecho de todos a expresarse y, al mismo tiempo, elevar nuestras exigencias sobre la información que decidimos creer y compartir. Preguntar quién lo dijo ya no basta. Hay que preguntar qué evidencia presenta, qué intereses pueden estar presentes, qué información falta, si distingue hechos de opiniones, si rectifica cuando se equivoca y quién asume las consecuencias cuando el mensaje causa un daño ilegítimo.
El viejo problema democrático era ampliar el acceso al micrófono. Ese combate no ha terminado: todavía existen exclusiones, concentraciones de poder y desigualdades de acceso. Pero ha surgido otro problema igualmente decisivo. Podemos construir una sociedad en la que millones hablen al mismo tiempo y, sin embargo, la conversación pública se deteriore porque la atención premie sistemáticamente lo más estridente, porque la falsedad viaje más rápido que su corrección o porque nadie se considere responsable después de pulsar «publicar».
Una democracia no se fortalece simplemente multiplicando voces. Se fortalece cuando protege la pluralidad, permite el desacuerdo, garantiza el acceso a información, preserva el escrutinio del poder y crea condiciones para que la palabra pública pueda ser sometida a prueba.
El micrófono se democratizó. La atención, en cambio, continúa siendo disputada; la credibilidad debe conquistarse; la responsabilidad no puede desaparecer; y el poder necesita seguir produciendo respuestas.
Por eso, la pregunta decisiva de nuestro tiempo ya no es solamente quién tiene el micrófono. Es quién consigue ser escuchado sin impedir que los demás hablen; quién puede influir sin quedar exento de responder; quién logra transformar atención en deliberación y deliberación en resultados. Allí, y no en el simple volumen de una voz, comienza a medirse la calidad de una democracia.
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