Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
El martes 6 de octubre, Francia mostró dos dimensiones inseparables de su poder nacional.
En el Atlántico, un submarino lanzó un misil estratégico para demostrar la fiabilidad de la disuasión nuclear.
En las calles, miles de ciudadanos reclamaron recursos para la educación y cuestionaron las prioridades del Estado.
La tesis que surge de ese contraste es clara: una potencia no puede sostener indefinidamente su seguridad exterior si descuida la cohesión social y la sostenibilidad fiscal que hacen posible esa seguridad.
La disuasión nuclear protege a Francia frente a amenazas extremas y refuerza su autonomía estratégica.
Pero esa capacidad exige recursos públicos, mientras que la cohesión social depende de que esos mismos recursos financien servicios esenciales.
El desafío no consiste en elegir de manera simplista entre defensa y bienestar, sino en establecer prioridades sostenibles, explicarlas a la ciudadanía y demostrar que el poder militar no se construye a costa de la confianza social.
Los hechos: disuasión y protesta.
Frente a las costas de Finisterre, el submarino Le Vigilant realizó el primer lanzamiento de un M51.3 desde un submarino.
Emmanuel Macron presenció la operación desde la fragata Auvergne. El ensayo formó parte de la comprobación del sistema de armas del buque después de su período de mantenimiento. El misil fue disparado sin carga nuclear: se verificó una capacidad militar, sin producir una explosión atómica. (defense.gouv.fr, defense.gouv.fr)
La operación expresa una continuidad estratégica. Francia entiende que su independencia exige conservar medios propios para responder a amenazas extremas.
Esa capacidad tiene valor diplomático: influye en los cálculos de los adversarios y en las expectativas de los aliados.
Pero, mientras el Gobierno exhibía su capacidad de disuasión, la sociedad francesa expresaba otra forma de vulnerabilidad.
Ese mismo martes, las manifestaciones en apoyo de los estudiantes reunieron a más de un cuarto de millón de personas, según cifras oficiales recogidas por Associated Press.
Las reclamaciones por instalaciones deterioradas y falta de personal habían convertido una protesta escolar en una movilización nacional, con respaldo de sindicatos y otros sectores de la sociedad.
Cuando los jóvenes consideran que su educación está comprometida, el conflicto adquiere una dimensión que ningún balance presupuestario puede expresar por completo.
Reclaman condiciones para construir su futuro. La respuesta del Estado determina cuánto crédito conservan las promesas de igualdad y progreso.
Por eso, la cohesión social no es un asunto secundario frente a la seguridad nacional: es una de sus condiciones de posibilidad.
La presión presupuestaria.
A partir de estos hechos surge el problema central: la seguridad nacional no se mide únicamente por la capacidad de responder a una amenaza exterior.
También depende de lo que ocurre en las aulas, los hogares y los lugares de trabajo. Para sostener ambas dimensiones, Francia necesita recursos y, sobre todo, prioridades que puedan ser defendidas ante la ciudadanía.
La disuasión nuclear requiere inversiones prolongadas en submarinos, misiles, infraestructura, personal y tecnología. La educación, por su parte, necesita escuelas adecuadas, docentes suficientes y políticas capaces de ofrecer oportunidades reales.
No se trata de suponer que un gasto causa automáticamente el otro, sino de reconocer que ambos compiten dentro de un presupuesto limitado.
La cuestión decisiva es cómo distribuir los recursos sin debilitar ni la defensa ni el tejido social.
A esa tensión se añade el encarecimiento del financiamiento público. Reuters informó que los costos de endeudamiento franceses habían alcanzado niveles que no se veían desde comienzos de los años dos mil.
La incertidumbre política y las dificultades fiscales están aumentando la presión sobre el Gobierno.
La deuda plantea un problema concreto. Cuando aumenta el dinero destinado a pagar intereses, disminuye el margen para atender otras necesidades, salvo que crezcan los ingresos o se recurra a nuevos préstamos.
Cada alternativa distribuye sus costos de manera diferente entre contribuyentes, trabajadores, empresas y generaciones futuras
Por eso resulta insuficiente afirmar que Francia ya no puede permitirse su Estado social.
La discusión exige precisar qué servicios deben protegerse, qué gastos pueden corregirse, cómo mejorar la administración y quién debe contribuir al esfuerzo.
También exige evaluar con transparencia los costos de la política de defensa.
La sostenibilidad financiera necesita decisiones; su legitimidad requiere que esas decisiones puedan explicarse y defenderse ante la sociedad.
La crisis también está entrando en la campaña presidencial. Marine Le Pen presentó el 6 de octubre una propuesta de ahorro neto de 140.000 millones de euros para 2032. Su anuncio busca acreditar capacidad para ordenar las cuentas públicas y tranquilizar a los inversionistas.
Sin embargo, una cifra electoral necesita convertirse en medidas concretas.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer sus consecuencias para la enseñanza, las pensiones, la salud, el empleo y la defensa.
Prometer disciplina presupuestaria y protección social obliga a demostrar cómo se financiarán ambas. Del mismo modo, defender la disuasión nuclear exige explicar qué recursos requiere y por qué sus beneficios estratégicos justifican su costo.
La conclusión política.
En este contexto, el descontento puede favorecer a quienes ofrecen una ruptura con el orden existente. Su resultado dependerá de la credibilidad de las alternativas y de la capacidad de las instituciones para responder.
Ninguna victoria está escrita de antemano, ni la protesta conduce inevitablemente hacia una misma orientación política.
El lanzamiento del misil y las movilizaciones no prueban que el gasto nuclear haya causado las carencias educativas.
Sí revelan, sin embargo, que Francia enfrenta una tensión estructural: necesita preservar su capacidad de disuasión, mantener la cohesión social y recuperar la sostenibilidad de sus finanzas públicas al mismo tiempo.
Si una de esas dimensiones se debilita gravemente, las otras también terminan afectadas
La defensa requiere tecnología, preparación y voluntad política. La cohesión social necesita servicios eficaces, oportunidades y confianza.
La sostenibilidad fiscal exige que las promesas del Estado puedan financiarse sin trasladar indefinidamente sus costos al futuro.
Una nación puede conservar armas estratégicas y, aun así, perder poder si sus ciudadanos dejan de creer que las instituciones protegen sus oportunidades y cumplen sus compromisos.
Francia ha demostrado que conserva la capacidad de enviar un misil desde las profundidades del océano.
Ahora debe acreditar una capacidad igualmente decisiva: ordenar sus prioridades, financiar su defensa sin erosionar la cohesión social y ofrecer a sus ciudadanos razones para confiar en el futuro común.
La soberanía se defiende frente a las amenazas exteriores, pero también se sostiene en la fortaleza de la sociedad que se pretende proteger.
La disuasión nuclear puede preservar la independencia estratégica; solo una ciudadanía cohesionada y unas finanzas públicas sostenibles pueden convertir esa independencia en un poder nacional duradero.
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