Por José Manuel Jerez
Durante los últimos años se ha pretendido presentar el debate tributario dominicano como una discusión puramente técnica, reducida a la necesidad de aumentar los ingresos del Estado para atender las crecientes demandas sociales. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El problema esencial que enfrenta la República Dominicana no reside únicamente en cuánto recauda el Estado, sino, sobre todo, en cómo se administran los recursos públicos y cuál es la calidad del gasto gubernamental.
Las recientes advertencias formuladas por organismos internacionales sobre la desaceleración de la economía mundial deben ser observadas con seriedad. El Banco Mundial prevé para 2026 el crecimiento global más débil de las últimas dos décadas fuera de períodos recesivos. Las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, la volatilidad de los precios energéticos, las renovadas presiones inflacionarias y la persistencia de políticas monetarias restrictivas configuran un escenario internacional de elevada incertidumbre. En tales circunstancias, resulta evidente que todos los países deben adoptar medidas preventivas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la capacidad de respuesta de sus economías.
No obstante, las experiencias internacionales muestran que, en períodos de incertidumbre global, las estrategias gubernamentales suelen concentrarse en estimular la producción, fortalecer la inversión y racionalizar el gasto público. La prioridad consiste en proteger el crecimiento económico y preservar la capacidad adquisitiva de la población. Por esa razón, resulta legítimo preguntarse si la respuesta más adecuada para enfrentar un contexto adverso consiste en aumentar la carga tributaria o, por el contrario, en corregir las ineficiencias existentes en la administración del Estado.
La discusión sobre un pacto fiscal no es nueva. La propia Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Existe, de hecho, un amplio consenso nacional acerca de la importancia de emprender una reforma integral. Pero toda transformación tributaria exige condiciones políticas, económicas y sociales que garanticen su legitimidad y viabilidad. Ninguna reforma de esa naturaleza puede descansar exclusivamente sobre el incremento de las cargas fiscales sin incorporar simultáneamente compromisos verificables de racionalización del gasto, transparencia y eficiencia administrativa.
La experiencia reciente demuestra que la sociedad dominicana ha desarrollado una creciente sensibilidad frente a cualquier iniciativa que pueda traducirse en mayores sacrificios para los contribuyentes. Los intentos anteriores de reforma fracasaron precisamente porque fueron percibidos como proyectos orientados principalmente a aumentar las recaudaciones, sin que existiera una explicación convincente acerca de cómo se corregirían los problemas estructurales asociados al uso de los recursos públicos.
En ese sentido, la cuestión central no es semántica. No importa si se le denomina modernización fiscal, programa de crecimiento económico o plan anticrisis. Lo verdaderamente relevante es determinar si las medidas propuestas responden a una visión integral de desarrollo o si constituyen simplemente nuevos mecanismos de captación de ingresos. Cambiar el nombre de una política pública no modifica necesariamente su naturaleza ni altera sus consecuencias económicas y sociales.
Existe, además, una contradicción que no puede pasar inadvertida. Si, como sostienen las autoridades monetarias, la economía dominicana continúa exhibiendo uno de los mayores ritmos de crecimiento de América Latina; si las remesas, el turismo, la inversión extranjera y el empleo mantienen una evolución favorable, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué se considera imprescindible adoptar medidas extraordinarias para enfrentar una crisis cuyos efectos, según esa misma narrativa oficial, no han afectado significativamente el desempeño económico nacional?
La respuesta parece encontrarse menos en los factores externos y más en las debilidades internas. Ninguna administración pública en la historia contemporánea del país había manejado volúmenes de ingresos tan elevados. Sin embargo, el incremento del gasto corriente y la expansión constante de las obligaciones estatales han generado crecientes presiones fiscales. La sostenibilidad financiera del Estado no depende únicamente de recaudar más, sino de gastar mejor. Esa constituye una regla elemental de responsabilidad gubernamental.
Desde la perspectiva de la economía política, las crisis fiscales rara vez son consecuencia exclusiva de la insuficiencia de ingresos. Con frecuencia son el resultado de modelos de gestión que privilegian el crecimiento del gasto por encima de la productividad del sector público. Cuando eso ocurre, el riesgo consiste en trasladar a los ciudadanos el costo de las ineficiencias estatales mediante mayores impuestos o nuevas cargas indirectas.
Por consiguiente, antes de discutir cualquier incremento tributario, la sociedad dominicana tiene derecho a exigir una evaluación rigurosa de la calidad del gasto público, de los niveles de endeudamiento, de la eficiencia administrativa y de las prioridades presupuestarias. La legitimidad de una reforma fiscal no se construye sobre campañas de comunicación ni sobre artificios terminológicos; se fundamenta en la confianza ciudadana y en la convicción de que el sacrificio solicitado será correspondido con una gestión pública más austera, transparente y eficaz.
En conclusión, la verdadera discusión nacional no gira alrededor de una reforma fiscal encubierta o explícita. El debate de fondo consiste en determinar si el país continuará financiando un modelo de gasto creciente o si, por el contrario, avanzará hacia una cultura de responsabilidad, racionalidad y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Esa es, en realidad, la gran cuestión económica y política de nuestro tiempo.
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