Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La historia, una vez más, sonríe con ironía.
Durante más de cuarenta años el mundo escuchó la misma prédica.
Se repetía en universidades, organismos internacionales, bancos de inversión y ministerios de economía.
El Estado debía retirarse. La propiedad pública era ineficiente. El mercado resolvería mejor los problemas de la sociedad.
La privatización fue presentada como una ley inevitable de la historia moderna.
Muchos países de América Latina, África y Asia reorganizaron sus economías siguiendo aquella doctrina que parecía indiscutible.
Sin embargo, la historia tiene la costumbre de regresar por caminos inesperados.
Hoy son precisamente Inglaterra, Francia y Alemania, las tres grandes matrices históricas del capitalismo contemporáneo, las que están encabezando una nueva ola de nacionalizaciones y estatizaciones que está transformando la economía mundial.
No se trata de gobiernos revolucionarios ni de movimientos socialistas clásicos.
Se trata de las mismas naciones que durante generaciones fueron consideradas las madres y los padres del capitalismo moderno.
Durante más de dos siglos, Inglaterra, Francia y Alemania no solo fueron grandes potencias económicas.
Fueron también los laboratorios donde se desarrollaron muchas de las ideas, instituciones y prácticas que dieron forma al capitalismo contemporáneo.
Inglaterra impulsó la Revolución Industrial, el sistema bancario moderno y el comercio global sustentado por su poder marítimo.
Francia contribuyó a consolidar las bases jurídicas de la propiedad privada, el crédito moderno y la organización financiera del Estado.
Alemania llevó la industrialización a niveles de eficiencia y sofisticación tecnológica que transformaron la economía europea.
Por eso resulta tan significativo que precisamente estos tres países estén recurriendo nuevamente al control público de sectores estratégicos.
Cuando las naciones que ayudaron a construir el capitalismo moderno concluyen que determinadas actividades deben permanecer bajo supervisión estatal, el fenómeno merece ser observado con atención por el resto del mundo.
El historiador económico Nicholas Mulder ha estudiado este proceso en un amplio ensayo publicado por el Fondo Monetario Internacional bajo el título The New Wave of Nationalization.
Su investigación muestra cómo gobiernos de distintos continentes han acelerado la toma de control de empresas estratégicas, recursos naturales e infraestructuras esenciales a una velocidad que no se observaba desde hace varias décadas.
La paradoja resulta fascinante.
Fue Inglaterra la que vio nacer la Revolución Industrial.
Fue Francia la que ayudó a construir las instituciones financieras modernas.
Fue Alemania la que perfeccionó la organización industrial que convertiría a Europa en uno de los centros productivos más avanzados del planeta.
Durante generaciones estos tres países fueron presentados como ejemplos de iniciativa privada, acumulación de capital y desarrollo empresarial.
Sin embargo, cuando llegaron las grandes turbulencias del siglo XXI —la pandemia, la crisis energética, la guerra en Ucrania, la fragmentación geopolítica y la competencia por minerales estratégicos— esos mismos países recurrieron nuevamente al Estado.
Francia colocó bajo control gubernamental empresas energéticas consideradas esenciales para la seguridad nacional.
Alemania intervino compañías energéticas para garantizar el abastecimiento en medio de la crisis derivada de la guerra ruso-ucraniana.
El Reino Unido volvió a asumir el control de importantes servicios ferroviarios y de actividades industriales vinculadas al acero, precisamente sectores que durante décadas habían simbolizado las privatizaciones impulsadas en tiempos de Margaret Thatcher.
No son decisiones aisladas. Tampoco son medidas transitorias de poca importancia.
Son señales de un cambio profundo en la manera en que los Estados más desarrollados perciben la relación entre mercado, propiedad y soberanía nacional.
La historia ayuda a comprender lo que está ocurriendo.
Durante la Gran Depresión de los años treinta, las mismas potencias capitalistas nacionalizaron bancos, industrias y sistemas de transporte para evitar el colapso económico.
Estados Unidos intervino buena parte de su sistema financiero.
Alemania colocó una parte sustancial de su sector bancario bajo control estatal.
Italia absorbió grandes segmentos industriales y financieros.
Francia intervino sectores estratégicos de transporte y producción.
Aquellas medidas surgieron como respuesta a una crisis extraordinaria que amenazaba la supervivencia misma de la economía de mercado.
Después de la Segunda Guerra Mundial apareció una segunda gran ola de nacionalizaciones.
Inglaterra nacionalizó el Banco de Inglaterra, los ferrocarriles, el carbón, el acero, el gas y la electricidad.
Francia tomó control de buena parte de su sistema financiero y energético.
En toda Europa occidental se consolidó la llamada economía mixta, donde la iniciativa privada coexistía con una fuerte presencia del Estado.
Lo notable es que aquellas políticas coincidieron con uno de los períodos de crecimiento económico más impresionantes de la historia moderna.
Los llamados Treinta Años Gloriosos, entre 1945 y 1975, fueron décadas de expansión industrial, aumento de salarios, desarrollo tecnológico y construcción de amplios sistemas de bienestar social.
Pero existe un detalle histórico que suele olvidarse.
Incluso en los momentos de mayor expansión del capitalismo liberal, el Estado nunca desapareció completamente.
La Inglaterra victoriana protegía sus rutas marítimas, financiaba puertos, respaldaba su marina mercante y utilizaba el poder del Imperio para garantizar mercados.
Alemania, desde los tiempos de Otto von Bismarck, desarrolló una poderosa coordinación entre Estado, banca e industria.
Francia mantuvo siempre una tradición de planificación estratégica en sectores considerados esenciales.
En realidad, el capitalismo nunca fue una historia de ausencia estatal. Fue una historia de diferentes formas de presencia estatal.
Lo que observamos hoy constituye una cuarta gran ola histórica.
La transición energética requiere litio, níquel, cobre, uranio y tierras raras.
La competencia tecnológica exige cadenas de suministro seguras.
Las sanciones económicas y las tensiones geopolíticas han convertido la seguridad económica en una cuestión de Estado.
Los gobiernos ya no consideran prudente dejar completamente en manos privadas actividades que afectan la defensa nacional, la energía, las comunicaciones, los puertos, la minería estratégica o la producción de tecnologías críticas.
Por eso la nacionalización contemporánea ya no tiene el significado ideológico que tuvo durante la Guerra Fría.
No aparece como una confrontación entre capitalismo y socialismo.
Surge más bien como una herramienta práctica de gestión estratégica en un mundo cada vez más fragmentado e incierto.
La ironía histórica es evidente.
Durante décadas numerosos países en desarrollo recibieron lecciones sobre las virtudes absolutas de la privatización.
Ahora observan cómo Londres, París y Berlín utilizan sin complejos instrumentos que durante años recomendaron abandonar.
Los gobiernos que antes defendían la retirada permanente del Estado descubren que existen circunstancias en las que la propiedad pública puede convertirse en un instrumento eficaz para proteger intereses nacionales.
La lección es importante para América Latina y para la República Dominicana.
Las experiencias históricas muestran que ni la estatización absoluta ni la privatización absoluta constituyen soluciones universales.
Los países exitosos han utilizado ambas fórmulas cuando las circunstancias lo han exigido.
Lo decisivo no ha sido la pureza ideológica, sino la capacidad de identificar cuáles sectores son verdaderamente estratégicos para el desarrollo nacional y cómo administrarlos con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo.
Nicholas Mulder sostiene que esta es la cuarta gran ola de nacionalizaciones de los últimos cien años.
Las anteriores acompañaron la Gran Depresión, la reconstrucción de la posguerra y las transformaciones energéticas de los años setenta.
La actual está vinculada a la fragmentación geopolítica, la competencia tecnológica y la lucha por recursos indispensables para la nueva economía mundial.
Así, mientras muchos continúan discutiendo categorías ideológicas heredadas del siglo pasado, Inglaterra, Francia y Alemania avanzan por un camino mucho más pragmático.
Los padres y madres del capitalismo mundial no están abandonando el mercado.
Tampoco están abrazando el socialismo.
Están haciendo algo mucho más simple y mucho más antiguo: utilizar el poder del Estado para defender lo que consideran intereses nacionales fundamentales.
La historia, una vez más, sonríe con ironía.
Después de décadas predicando las virtudes de la privatización universal, las viejas potencias del capitalismo han vuelto a recordar una verdad que conocían desde hace siglos: cuando la seguridad, la energía, la industria, la tecnología o los recursos estratégicos están en juego, el Estado nunca desaparece.
Puede retirarse durante un tiempo. Puede delegar funciones. Puede abrir espacio al capital privado.
Pero cuando llegan las grandes tormentas de la historia, siempre regresa al timón.
Las ideologías suelen discutir quién debe gobernar la economía en tiempos normales.
La historia, en cambio, suele decidir quién la gobierna en tiempos de crisis.
Y cuando las crisis son existenciales, incluso las naciones que inventaron el capitalismo descubren que el mercado tiene límites y que la soberanía, al final, sigue teniendo domicilio en el Estado.
Porque la estabilidad económica, como la estabilidad política, no se improvisa. Se construye. No se importa. Se fabrica.
Y así, mientras los viejos manuales continúan repitiendo las consignas de una época que ya pasó, los gobiernos de Londres, París y Berlín parecen actuar guiados por una lógica más antigua que cualquier teoría económica.
Cuando las luces se apagan, cuando la energía escasea, cuando las cadenas de suministro se rompen o cuando una guerra amenaza la supervivencia de una nación, los discursos quedan atrás y aparece la realidad.
Entonces el Estado vuelve a ocupar el centro del escenario. No porque haya vencido al mercado, sino porque incluso el mercado necesita un refugio cuando soplan los vientos de la historia.
Los países que construyeron el capitalismo moderno parecen haber recordado una lección que nunca olvidaron del todo: la soberanía puede compartirse, negociarse o administrarse, pero jamás puede privatizarse por completo.
Tal vez por eso la verdadera discusión del siglo XXI ya no sea Estado o mercado, socialismo o capitalismo, nacionalización o privatización.
La pregunta decisiva parece ser otra: qué capacidades estratégicas debe conservar una nación para seguir siendo dueña de su propio destino. Inglaterra, Francia y Alemania ya están respondiendo esa pregunta con hechos.
Y los hechos, como suele ocurrir, hablan mucho más fuerte que las ideologías.
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