Por José Manuel Jerez
Las democracias modernas descansan sobre un principio esencial: la confianza ciudadana en la limpieza, transparencia y credibilidad de los procesos electorales. Por esa razón, cuando en una misma elección convergen hechos que parecen contradictorios entre sí, surge inevitablemente una pregunta legítima: ¿estamos frente a simples coincidencias o ante señales que merecen una explicación más profunda?
El caso colombiano ha colocado sobre la mesa una combinación de circunstancias que ningún observador serio debería ignorar. Por un lado, encuestas formales y ampliamente difundidas proyectaban una ventaja para Iván Cepeda. Por otro, durante el período de veda comenzaron a circular mediciones informales que favorecían a Abelardo de la Espriella. Finalmente, producido el resultado electoral, el presidente Gustavo Petro reaccionó cuestionando el preconteo y el software utilizado para la transmisión de los datos.
Cada uno de esos hechos, considerado aisladamente, podría encontrar una explicación razonable. Las encuestas pueden equivocarse. Las redes sociales pueden amplificar rumores o mediciones sin sustento científico. Los actores políticos pueden formular cuestionamientos cuando los resultados no coinciden con sus expectativas. Sin embargo, cuando todos esos elementos aparecen simultáneamente, el análisis político exige una mirada más rigurosa.
No se trata de afirmar la existencia de fraude sin pruebas. Esa sería una irresponsabilidad incompatible con la seriedad intelectual. Pero tampoco resulta razonable exigir a la ciudadanía que ignore interrogantes evidentes. En democracia, la transparencia no consiste únicamente en que los procesos sean correctos; también exige que parezcan correctos ante los ojos de la sociedad.
La verdadera cuestión no radica únicamente en quién obtuvo más votos. La pregunta relevante consiste en determinar por qué determinadas narrativas comenzaron a imponerse precisamente durante el período en que la ley restringía la publicación de encuestas. Si las mediciones difundidas durante la veda terminaron aproximándose más al resultado final que los estudios formalmente registrados, corresponde analizar cómo se construyeron, quién las promovió y qué impacto tuvieron sobre la percepción colectiva.
Durante los últimos años, las encuestas han dejado de ser simples instrumentos de medición para convertirse en actores con capacidad de influir sobre el comportamiento político. En ocasiones crean expectativas, impulsan candidaturas, desalientan votantes o generan la impresión de que determinados resultados son inevitables. Cuando eso ocurre, la frontera entre medir la realidad y moldearla comienza a desdibujarse peligrosamente.
Por eso resulta llamativo que algunos sectores consideren legítimo cuestionar cualquier regulación destinada a limitar la influencia de las encuestas sobre los procesos electorales. La experiencia comparada demuestra que la protección de la integridad democrática no se reduce a garantizar que los votos sean correctamente contados; también implica evitar que la voluntad popular sea condicionada por operaciones de percepción masiva disfrazadas de información objetiva.
La reacción inmediata de Petro agrega un elemento adicional al debate. Que un presidente en ejercicio cuestione públicamente el preconteo y el software electoral constituye un hecho de enorme gravedad política. Si sus denuncias carecen de fundamento, deberán ser descartadas mediante verificaciones técnicas independientes. Pero si contienen elementos verificables, las autoridades tendrán la obligación de ofrecer respuestas claras y convincentes a la ciudadanía.
Las democracias sólidas no temen las preguntas incómodas. Por el contrario, las enfrentan con transparencia, auditorías y rendición de cuentas. El peor error sería intentar clausurar el debate bajo el argumento de que toda duda constituye un ataque al sistema. La confianza pública no se impone; se construye.
Lo ocurrido en Colombia deja una lección que trasciende sus fronteras. Cuando encuestas contradictorias, mediciones difundidas durante períodos de prohibición y cuestionamientos institucionales convergen en un mismo proceso electoral, la respuesta democrática no puede ser el silencio. La respuesta debe ser más transparencia, más control y más garantías. Porque cuando las coincidencias comienzan a acumularse, la obligación de las instituciones consiste en disipar las dudas, no en ignorarlas.
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