Por José Manuel Jerez
La discusión sobre la política tributaria constituye uno de los temas más sensibles en toda democracia contemporánea, especialmente en contextos caracterizados por el incremento del costo de la vida, la desaceleración económica y la creciente percepción ciudadana de deterioro en las condiciones materiales de existencia. En ese escenario, las declaraciones formuladas por el expresidente Leonel Fernández desde Madrid trascienden el ámbito de la confrontación política coyuntural y colocan sobre la mesa un debate de naturaleza económica, social e institucional: ¿puede un gobierno imponer nuevas cargas fiscales cuando amplios sectores de la población enfrentan una reducción de su poder adquisitivo y una creciente incertidumbre económica?
La experiencia comparada demuestra que la legitimidad de una reforma tributaria no depende únicamente de su racionalidad técnica o de las necesidades de financiamiento del Estado. Su aceptación social descansa, fundamentalmente, en la percepción de justicia, oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La historia reciente de América Latina ofrece múltiples ejemplos de gobiernos que han debido retirar iniciativas fiscales debido a la resistencia social generada por la percepción de que se pretendía transferir a la población los costos derivados de la ineficiencia administrativa o de una deficiente gestión económica.
Es precisamente desde esa perspectiva que adquiere relevancia la posición asumida por el líder de la Oposición política dominicana. Su planteamiento no se limita a rechazar un aumento de impuestos; cuestiona la oportunidad política y la legitimidad social de impulsar nuevas cargas tributarias en un contexto marcado por las presiones inflacionarias y el incremento sostenido del costo de bienes y servicios esenciales. La tesis central de Fernández es que ningún programa de ajuste puede construirse sacrificando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde el punto de vista económico, la advertencia contiene elementos que merecen ser analizados con detenimiento. Las políticas fiscales expansivas o restrictivas producen efectos distributivos que afectan directamente a las familias. Cuando el ingreso real se encuentra erosionado por la inflación, la imposición de mayores gravámenes puede traducirse en una disminución adicional del consumo, afectando no solo a los hogares, sino también a la dinámica productiva y al crecimiento económico. De ahí que los organismos internacionales y numerosos economistas hayan insistido en la necesidad de combinar sostenibilidad fiscal con sensibilidad social.
La crítica formulada por Fernández introduce, además, una cuestión de responsabilidad gubernamental. El líder opositor sostiene que la administración actual ha contado con suficientes recursos sin haber logrado resolver problemas estructurales que continúan afectando a la sociedad dominicana. Detrás de esa afirmación subyace una premisa fundamental de la teoría del Estado moderno: antes de reclamar mayores sacrificios a los contribuyentes, el poder público debe demostrar eficiencia, transparencia y capacidad para administrar adecuadamente los recursos ya disponibles.
No menos significativo resulta el cuestionamiento realizado al lenguaje empleado para presentar las medidas económicas. En las ciencias políticas contemporáneas se reconoce que el discurso gubernamental suele recurrir a eufemismos para reducir los costos políticos de determinadas decisiones. La denominación que se otorgue a una iniciativa puede variar; sin embargo, cuando sus efectos prácticos implican mayores cargas sobre los ciudadanos, la discusión deja de ser semántica para convertirse en una cuestión sustantiva. En ese sentido, la objeción formulada por el expresidente pone de relieve la importancia de la transparencia en la comunicación pública y del debate democrático sobre las políticas económicas.
Las palabras pronunciadas en Madrid poseen, además, una dimensión política que no puede ser ignorada. La multitudinaria participación de dominicanos residentes en España y la incorporación de dirigentes provenientes de diversas organizaciones partidarias evidencian la consolidación de la diáspora como un actor relevante dentro del sistema político nacional. El fortalecimiento de la presencia de la Fuerza del Pueblo en Europa confirma que la competencia electoral dominicana ha dejado de circunscribirse exclusivamente al territorio nacional y se desarrolla cada vez más en espacios transnacionales donde los ciudadanos emigrantes ejercen una influencia política creciente.
Más allá del rechazo específico a una eventual reforma fiscal, las declaraciones de Leonel Fernández buscan proyectar una narrativa política sustentada en la defensa del poder adquisitivo de los sectores populares y de la clase media. La identificación con jóvenes, trabajadores, estudiantes, mujeres y sectores informales responde a una estrategia de construcción de representación política basada en las demandas sociales y en la reivindicación de una sensibilidad económica frente a las dificultades que experimentan amplios segmentos de la población.
En suma, la controversia suscitada alrededor de una eventual reforma tributaria revela una tensión permanente en las democracias contemporáneas: la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas sin comprometer la estabilidad social ni afectar el bienestar de los ciudadanos. La sostenibilidad fiscal constituye un imperativo del Estado moderno, pero su consecución no puede desligarse de principios de equidad, racionalidad y legitimidad democrática.
La intervención de Leonel Fernández desde Madrid pone de manifiesto que la discusión económica de cara al 2028 comenzará a girar alrededor de una pregunta fundamental: si el país necesita más impuestos o, por el contrario, una administración más eficiente y capaz de transformar los recursos existentes en soluciones reales para los problemas que afectan a los dominicanos. En torno a esa interrogante se perfilará, probablemente, una parte importante del debate político nacional en los próximos años.
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