Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana ha anunciado de manera formal que interpondrá un recurso de apelación ante las instancias judiciales correspondientes, luego de expresar su firme desacuerdo con la reciente decisión emitida por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el marco de la denominada Operación Calamar. El órgano persecutor adoptó esta medida legal tras la exclusión de cinco de los principales imputados del expediente acusatorio, a quienes el tribunal dictó un auto de no ha lugar, librándolos de ir a juicio de fondo.
La resolución judicial dispuso la apertura a juicio de fondo para 35 de los 40 implicados originalmente en esta presunta red de corrupción administrativa, la cual, según las investigaciones del Estado, habría distraído miles de millones de pesos de los fondos públicos a través de expropiaciones irregulares de terrenos y financiamiento ilícito de campañas políticas. A pesar de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) logró que la gran mayoría de los encartados fueran enviados a la siguiente etapa procesal, los fiscales consideran inaceptable la desestimación de los cargos contra el referido grupo de cinco personas.
El Ministerio Público argumenta que el tribunal de instrucción incurrió en una valoración errónea de los elementos probatorios presentados durante la audiencia preliminar. Las autoridades judiciales sostienen que las evidencias documentales, periciales y testimoniales recopiladas a lo largo de la investigación penal poseen el peso jurídico suficiente para demostrar la probabilidad de participación de estos cinco ciudadanos en el entramado delictivo, por lo que su exclusión representa un obstáculo en la búsqueda de una sanción integral para todos los responsables del desfalco.
Con este recurso de apelación, los representantes de la PEPCA buscan que una corte de alzada revise minuciosamente los fundamentos del fallo y revoque el auto de no ha lugar, permitiendo que la totalidad de los acusados originales comparezca ante un tribunal colegiado en el juicio de fondo. La estrategia de los fiscales se centrará en ratificar la conexidad de las operaciones financieras y las firmas de contratos que vinculan de forma directa a los individuos excluidos con las maniobras de desvío de capitales que caracterizaron al expediente de la Operación Calamar.
Por su parte, los consejos de defensa de los imputados beneficiados han defendido la legalidad de la decisión del tribunal de primera instancia, alegando que la acusación carecía de sustento probatorio idóneo e individualizado respecto a sus representados. En los próximos días se espera la notificación formal de la resolución íntegra, momento a partir del cual comenzarán a correr los plazos legales establecidos por el Código Procesal Penal para que el Ministerio Público deposite formalmente sus argumentos ante la secretaría del tribunal y se proceda a fijar la fecha de la nueva audiencia de apelación.
About The Author
